La oposición y sus medios afines han sostenido que la erradicación de las pandillas criminales provocaría una grave crisis nacional porque esos grupos hacen en las comunidades una función de utilidad social que el Estado no puede cumplir.
Desde esa perspectiva, los delincuentes más que victimarios resultan víctimas de la exclusión y la marginación social. En consecuencia, en lugar de reprimirlos habría que esforzarse para superar las causas que los empujan a la delincuencia.
También han afirmado que hay una tregua o pacto secreto entre el Gobierno actual y las pandillas, que el Plan Control Territorial no existe en realidad, que el régimen de excepción es innecesario y que los capturados bajo este son simples colaboradores de menor cuantía o nada más familiares de los pandilleros, inocentes en su gran mayoría.
En esa misma línea han asegurado que la inevitable e inminente reacción de las pandillas sería desatar una oleada de violencia incontrolable, ya que la verdadera estructura orgánica de esos grupos está intacta debido, precisamente, al supuesto pacto secreto ya mencionado.
Todo lo anterior constituye un discurso repetitivo y validado incluso por importantes instancias de la comunidad internacional. Pero ese discurso no se condice con la realidad expresada en hechos incontrastables.
Después de llegar a promedios hasta de 30 asesinatos diarios en los gobiernos anteriores, en los que no se registró un solo día sin homicidios, por lo que llegamos a encabezar la lista de los países más violentos y peligrosos del mundo, en lo que va del actual Gobierno estamos por llegar a los 200 días con cero homicidios y ahora somos uno de los países más seguros del mundo.
En cinco meses de régimen de excepción se han capturado 52,000 delincuentes, los índices de todos los delitos se han reducido drásticamente, sobre todo el de la extorsión que solo en el sector del transporte público ha disminuido en un 95 %, los días continuos con cero homicidios se incrementan y cada mes es más seguro que el anterior.
Todo esto último es consecuencia directa y concreta de la firme decisión de erradicar de forma total y definitiva a las pandillas con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. De paso, hay que señalar que el modelo de seguridad de este Gobierno tiene el respaldo expreso, según las encuestas, de 98 de cada 100 salvadoreños.
Por último, ¿por qué no se ha dado la anunciada reacción violenta y supuestamente incontrolable por parte de los criminales? Sencillamente porque estos ya perdieron por completo el control territorial y, para todo efecto práctico, ya están totalmente desarticulados.
Esta es la realidad perfectamente verificable.