No hay un solo salvadoreño que ignore la brutal ferocidad criminal de las pandillas; sin embargo, hay sectores minoritarios, dentro y fuera del país, que consideran a esas agrupaciones como el resultado de la injusticia y la exclusión social, y alegan por tanto que los pandilleros son víctimas del sistema.
Algunos, partiendo de esa misma idea base, van aún más lejos.
El antropólogo y periodista de «El Faro» Juan José Martínez d’Aubuisson ha declarado que las pandillas constituyen un mal necesario porque cumplen en las comunidades una labor social que el Estado ha sido incapaz de realizar; en consecuencia, según él, suprimir a las pandillas provocaría una grave crisis social.
Por su parte, Dagoberto Gutiérrez, excomandante del FMLN y actual vicerrector de la Universidad Luterana, ha asegurado que las pandillas son «una expresión legítima de la sociedad» y que, además, son un verdadero poder económico, político y militar.
No es falso que, en su origen, las pandillas fueron un fenómeno social producido por la exclusión, pero tampoco es falso que, con el paso del tiempo y la complicidad de seis gobiernos ineficientes y corruptos (cuatro de ARENA y dos del FMLN), fueron mutando y convirtiéndose en agrupaciones delictivas asociadas al crimen organizado.
Esta simple y evidente transformación del muchacho socialmente marginado y naturalmente rebelde, víctima, en delincuente adscrito a una estructura criminal sofisticada (victimario) es la que los detractores del régimen de excepción olvidan o quieren hacernos creer que olvidan.
Al extender y fortalecer su estructura en todo el territorio nacional, al elevar la calidad y cantidad de sus crímenes a niveles totalmente extraordinarios, al agenciarse la complicidad de una clase política corrompida, las pandillas dejaron de ser un problema de seguridad pública y se convirtieron en una grave amenaza a la seguridad nacional.
Toda estrategia contra las pandillas debe tener dos vías: prevención y represión, pero cuando el fuego ya se ha desatado y las llamas son cada vez más grandes y devoradoras, el problema no se soluciona repartiendo manuales de prevención de incendios.
Los detractores del régimen de excepción deberían hacerse las siguientes preguntas: ¿cuántos asesinatos, violaciones, extorsiones, robos, miedo y desesperación hemos dejado de sufrir los salvadoreños al capturar a 28,000 criminales en menos de ocho semanas? ¿Cuánto dolor nos evitaremos al capturarlos a todos?
A la luz de los hechos puros y duros, seguir considerando a los pandilleros como unas víctimas no es ni intelectual ni moralmente aceptable, quien lo dude que vaya y se lo pregunte a la inmensa mayoría de los salvadoreños, al 97 % para ser más exactos, según los números de las encuestas.