La comisión de salud de la Asamblea Legislativa se encuentra estudiando la nueva propuesta de ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, para solventar los vacíos legales de la actual normativa y brindar acceso equitativo a la población para este procedimiento.
Con la nueva redacción, propuesta por el grupo parlamentario de Nuevas Ideas, se permitirá que los niños sean donantes de tejidos regenerables, siempre y cuando sea la única alternativa de donación para la persona receptora y, a su vez, sea pariente en segundo grado de consanguinidad.
Además, se abre la posibilidad de proceder cuando las personas fallezcan por algún hecho de violencia y en vida hayan expresado la voluntad de ser donantes, o que la familia lo autorice. En estos casos, la Fiscalía General de la República tendrá un plazo máximo de ocho horas para emitir una respuesta.
A la comisión legislativa asistió el ministro de Salud, Francisco Alabi, con la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Xóchitl Sandoval, para brindar aportes e insumos a dicha propuesta de ley.
Alabi destacó que la normativa aprobada por la anterior legislatura, que no tomó en consideración las aportaciones de las personas afectadas ni de las asociaciones que trabajan en el tema, ni al Ministerio de Salud, carece de los elementos necesarios.
«Con este nuevo proyecto se ha consultado a diferentes especialistas nacionales e internacionales quienes han aportado para ofrecer a la población una ley integral y completa sobre trasplantes», afirmó el ministro.
Por su parte, Sandoval aseguró que la nueva propuesta considera los criterios que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer trasplantes.
«El INS como brazo científico del Ministerio de Salud tiene el interés que esta, como las demás iniciativas de ley relacionadas con la salud, va a estar fundamentada en la ética médica y la evidencia científica», recalcó la directora.
Al crear la iniciativa de ley se busca que en el país se amplíen las posibilidades de hacer y/o recibir un trasplante, ya que actualmente solo se practican renales y de córnea.
Además, con la nueva propuesta se pretende ahorrarle al Estado más de $160,000 por trasplante, suma que será invertida en salud.
Durante un período de 30 años, en El Salvador, se han llevado a cabo menos de 1,000 trasplantes de riñón, mientras que en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, desde 2000 se han practicado menos de 50 procedimientos.
Con el anteproyecto se busca derogar el decreto 651, aprobado en junio de 2020, que favorece el negocio de trasplantes en el sector privado y que posibilita el comercio ilegal de órganos.