La nueva Asamblea Legislativa se diferencia de la legislatura 2018-2021 por la celeridad al aprobar los fondos que el Ejecutivo necesita para prevenir y combatir la delincuencia de las pandillas y el crimen organizado, con la finalidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños.
Por ejemplo, la anterior legislatura —dominada por ARENA y el FMLN— pasó seis meses sin aprobarle al Ejecutivo el financiamiento para las fases II y III del Plan Control Territorial (PCT), impulsado por el Gobierno Central para prevenir, combatir y reprimir el delito.
El Ejecutivo solicitó en varias ocasiones $90 millones para la fase II, denominada Oportunidades, enfocada en la prevención y en la construcción de centros urbanos de bienestar y oportunidades (CUBO) en los municipios con alta incidencia delincuencial.
Asimismo, instó a la aprobación de $110 millones para la fase III, conocida como Modernización, para dotar de equipo a las autoridades de seguridad para el combate del crimen. Sin embargo, estas solicitudes —que sumaban $200 millones— no fueron aprobadas por la anterior legislatura, sino por la nueva, que comenzó funciones el 30 de abril del año pasado.
Así como la nueva Asamblea desentrampó la aprobación de los $200 millones, también aprobó el miércoles pasado en la sesión plenaria extraordinaria la reorientación de $60 millones para el Ministerio de Justicia y $20 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional.
Los recursos serán utilizados por las dos carteras del Estado para combatir a las pandillas, que entre el viernes y el sábado anterior provocaron 76 homicidios, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).
En esa plenaria, la nueva Asamblea —con mayoría de diputados de Nuevas Ideas— también reformó siete cuerpos de ley para fortalecer el combate a los grupos terroristas.
Una de las acciones fue modificar la ley de proscripción de maras y pandillas para aumentar de cinco a 20 años la pena de prisión por pertenecer a los grupos terroristas, y condenar hasta con 45 años de cárcel a los cabecillas. A diferencia de la nueva Asamblea, las anteriores legislaturas demoraron la aprobación de iniciativas de ley enfocadas en el combate de las pandillas y el crimen organizado.
Ejemplo de esto es que el FMLN bloqueó por tres años la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Asimismo, ARENA y el FMLN —a pesar de que juntos sumaban mayoría calificada— no reformaron el Código Penal para eliminar la prescripción de los delitos de corrupción.
Pero la nueva Asamblea aprobó las reformas y también legisló para que haya retroactividad en las investigaciones, es decir, que sean investigados actos de corrupción del pasado.