A los desmanes se suman bloqueos en las principales vías de esa región que provocan desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con oxígeno e insumos médicos en plena pandemia.
El Defensor del Pueblo (Ombudsman), Carlos Camargo, afirmó que un miembro de la entidad y otras cuatro personas fueron atacados por uniformados mientras asistían a detenidos en Cali.
«Fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar», precisó.
El presidente, Iván Duque, respaldó la actuación de la fuerza pública en una alocución este martes.
«Nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y a agredir cruelmente a nuestros policías», declaró.
Tres uniformados han recibido disparos desde el inicio de las protestas.
Según el mandatario, la fuerza pública es víctima de agresiones orquestadas por los grupos armados que operan en el país tras más de medio siglo de un conflicto interno. La firma del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016 no cesó la violencia
Duque anunció el desplazamiento de varios ministros a Cali.
Gobierno impopular
Aunque el presidente retiró la reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, la gente sigue protestando para exigir «mejores condiciones de vida para la ciudadanía», dijo a la AFP Yonny Rojas, líder de las manifestaciones en Cali.
«El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto, sin precedentes (...) ingresan disparando contra la ciudadanía», añadió.
Duque enfrenta inéditas protestas en las calles desde que subió al poder en 2018.
Sindicatos, indígenas, organizaciones civiles, estudiantes entre otros sectores inconformes exigen un cambio de rumbo a su gobierno que roza una popularidad del 33%.
El ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales.
Amnistía Internacional pidió poner «fin a la represión de las manifestaciones (y) cesar la militarización de las ciudades».
Por su parte, Washington se dijo «entristecido» por las «pérdidas de vidas» y abogó por una «máxima moderación» de las autoridades.
Defensores de derechos humanos piden no repetir lo sucedido en 2020, cuando la fuerza pública enfrentó a bala movilizaciones contra la brutalidad policial, dejando una docena de muertos y más de medio millar de heridos.
Las protestas actuales recogen además la desesperación provocada por la pandemia de covid-19 que golpea con fuerza el país de 50 millones de habitantes.
En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se hundió un 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de la población quedó en la pobreza, según cifras oficiales.
