La Asamblea Legislativa aprobó el martes la octava prórroga del régimen de excepción, una serie de medidas legales que han permitido al Gobierno del presidente Nayib Bukele convertir a El Salvador en el país más seguro de América Latina.
Las medidas legales contenidas en el régimen de excepción han permitido a las autoridades —tanto a la Seguridad Pública y la Fuerza Armada como a los tribunales del Órgano Judicial— la detención de más de 57,000 pandilleros y sus colaboradores. Durante la vigencia del régimen de excepción se han efectuado 1,862 incautaciones de armas de fuego, 2,276 vehículos utilizados por los delincuentes y adquiridos con fondos obtenidos de actividades ilícitas, y el decomiso de $1.4 millones en efectivo, provenientes de las extorsiones y otros delitos.
Gracias a estas acciones, los homicidios y otros delitos violentos se han reducido drásticamente. El país dejó de ser «la capital mundial del crimen» que dejaron los gobiernos de ARENA-FMLN, en tanto que las extorsiones se han reducido en un 90 %. Los robos y las violaciones también han tenido bajas sustanciales.
Como han hecho en otras ocasiones, los partidos que promovieron el auge, crecimiento y fortalecimiento de las pandillas, ARENA y el FMLN, junto con sus aliados legislativos (VAMOS y Nuestro Tiempo), no dieron sus votos para combatir a los criminales.
Organizaciones de fachada, como Fespad, han tenido que reconocer a regañadientes el éxito del Plan Control Territorial, el cual, combinado con el régimen de excepción, ha logrado descender los homicidios. «Para la población es importante la continuidad del presidente Nayib Bukele y la seguridad. Eso es lo que ratifica el régimen [de excepción]. Esa sensación de seguridad que percibe la población», dijo el director de ese grupo, Henry Fino.
Sin embargo, los diputados de la oposición en la Asamblea Legislativa y dirigentes de los decadentes partidos políticos insisten en querer desmontar el régimen de excepción. Salen en defensa de «los derechos» de los pandilleros, sin tomar en cuenta que, gracias a que están detenidos, no hay ciudadanos asesinados y las calles ahora son mucho más seguras que en cualquier época de la historia nacional.