El Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, cerró temporalmente sus labores este 3 de diciembre por contagio de COVID-19 de sus empleados, convirtiéndose en el segundo tribunal de la capital en hacerlo, ya que el pasado 25 noviembre, el Tribunal Segundo de Sentencia tomo la misma medida.
En comunicado dirigido a todos los usuarios y firmado por la jueza titular de ese tribunal, se informa que retomarán labores hasta el próximo 13 de diciembre, luego de cumplir cuarentena de diez días.
«Lo anterior (cierre) debido a los empleados que dieron positivo para COVID-19, en aras de salvaguardar la salud de estos y de los usuarios que hacen uso de los servicios de este juzgado», dice el comunicado de la jueza.
El juzgado pone a disposición de los usuarios el correo electrónico, [email protected] y el número 7692-7472 para que puedan hacer llegar los escritos y comunicarse mediante llamadas telefónicas.
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Una fuente judicial confirmó que el pasado lunes, a todos los empleados de los Juzgados Especializados de Sentencia de San Salvador se les practicó la prueba de COVID-19 y en los resultados que se dieron se determinó que en el Juzgado Especializado de Sentencia A hay cuatro empleados contagiados, del Especializado de Sentencia C resultaron dos casos, del Especializado de Sentencia B no se detalló, pero es tribunal que tomó la decisión de cerrar desde este jueves por prevención.
Según la fuente judicial, en otros tribunales de sentencia comunes de San Salvador también han detectado casos positivos de COVID-19.
El Tribunal Segundo de Sentencia permanece cerrado desde el 25 de noviembre y tiene previsto iniciar labores el próximo 7 de diciembre.
En ese juzgado todo el personal resultó contagiado y las diligencias programadas y las que estaban en desarrollo fueron suspendidas.
Para este viernes está previsto que el este tribunal retome con el personal necesario la vista pública en contra de José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como Chepe Diablo, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa y tras tres imputadas, por presunto lavado de $132 millones.