La Policía Nacional Civil (PNC) presentó este miércoles a Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, una colombiana de 42 años implicada en el asesinato de Marcelo Pecci, fiscal antimafia de Paraguay, ocurrido el 10 de mayo del año pasado en la turística playa de Barú, en la ciudad de Cartagena, Colombia.
Chacón Zúñiga fue capturada en la Cima, de San Salvador, en donde era escondida por Wílber Giovanni Rodríguez Huezo, un salvadoreño que será procesado por agrupaciones ilícitas. Rodríguez Huezo, además, movilizaba a la colombiana por todo el territorio.
Estas detenciones se lograron no solo por el alto grado de eficacia de las autoridades nacionales, sino también gracias a las buenas relaciones de la PNC con el resto de las agencias de seguridad del continente y su activo papel en la Policía Internacional (Interpol). «El Salvador no será refugio de criminales», reaccionó el presidente Nayib Bukele en respuesta a la captura de la mujer que es acusada en Colombia de haber recibido dinero para contratar a los sicarios que asesinaron al fiscal Pecci cuando disfrutaba de su luna de miel.
El crimen está relacionado con el tráfico de drogas en Paraguay, donde el fiscal desempeñaba su trabajo, y, según las investigaciones colombianas reveladas por Caracol Radio, detrás de haber dado la orden está un narcotraficante que tiene la fachada de gran empresario.
La PNC ha efectuado más de 50 operaciones internacionales durante la vigencia del régimen de excepción no solo para capturar criminales buscados en otras latitudes, como el caso de Chacón Zúñiga, sino también para salir a buscar a los delincuentes que habían huido del país debido a la guerra contra las pandillas.
Las autoridades de seguridad pública salvadoreña han trabajado con sus similares de Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala, Honduras y Belice para ubicar a pandilleros, para lo cual ha sido crucial el papel del Centro Antipandillas Transnacional, debido a que este tipo de operaciones requiere combinar cruce de información de inteligencia con policías locales y de la región o con la Interpol.
La fuerza que ha dado el régimen de excepción al Plan Control Territorial ha permitido la casi completa desarticulación de las pandillas, lo que ha obligado a los criminales a escapar del país o a esconderse, razón por la que se vuelven necesarios los cercos de seguridad en municipios y comunidades y la ampliación de la cooperación con los países vecinos.