Cáncer. Con esa palabra han definido dos diputados de Nuevas Ideas la corrupción que tanto las anteriores legislaturas como Gobiernos enquistaron en la administración pública.
La diputada Marcela Pineda y el diputado Mauricio Ortiz han recordado que desde 1989 a 2019, miles de millones de dólares se desviaron en diferentes mecanismos corruptos.
Todos estos recursos derivaron en que El Salvador no pudiera desarrollarse y la población no tenía oportunidades de desarrollo.
En la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de la que Pineda es presidenta, se analiza una propuesta que permitirá saldar esta histórica deuda.
La propuesta consiste en reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, en su inciso final, el que determina que los delitos relativos a la administración pública prescriben.
Según explicó Pineda, al reformarse el inciso final y determinar que estos delitos no prescribirán, también podrá ser retroactivo y perseguir a anteriores funcionarios que estén implicados.
«El Estado se ha comprometido a nivel internacional, a nivel de tratados, para combatir de manera frontal la corrupción, como legisladores tenemos el deber de hacer valer esta ley, que es necesario actualizarla», también ha expresado el diputado Mauricio Ortiz.
Entre los avances que se tienen sobre esta propuesta de reforma es que se va a consultar con ambas procuradurías, con la Corte Suprema de Justicia y con la Fiscalía General de la República para que brinden sus aportes a la propuesta.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad Púbica, Gustavo Villatoro.