Entre el 11 y 23 de enero de 2023, la Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó en la Fiscalía General de la República 18 avisos para que se investiga a municipalidades por el supuesto uso inadecuado de Fondos públicos que les asignó.
Con base en la información presentada en sede fiscal, se detalla que los funcionarios municipales que finalizaron su gestión en las alcaldías el 30 de abril de 2021, habrían afectado el erario con un monto de $11,831,896.31.
Se trata de 10 alcaldías ubicadas en municipios del occidente del país, cinco de la zona central, dos del oriente y una de la región paracentral. Las irregularidades fueron detectadas mediante las auditorías practicadas a los períodos comprendidos del 1 de mayo del año 2018 al 30 de abril de 2021.
Los auditores de la Corte de Cuentas encontraron la posible comisión de por lo menos siete delitos de corrupción donde hubo apropiación de dinero, malversación de fondos y hasta la grave afectación a empleados municipales a quienes les retuvieron cuotas laborales y retenciones tributarias que nunca fueron pagadas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el Ministerio de Hacienda.
El pasado 11 de enero la CCR puso a la orden de la Fiscalía documentación sobre manejo inapropiado de $2,258,326.67 en 10 comunas. En el desglose presentado se detalló que $433,848 fueron fondos auditados sobre otorgamiento por la pandemia Covid-19 y durante las tormentas Amanda y Cristóbal; $36,316.85 eran fondos FODES; $373,791.09 corresponden a fondos propios y de préstamos el monto fue de $1,414,370.73.
«Los avisos fueron presentados por el posible cometimiento de delitos como el incumplimiento de deberes, peculado, malversación de fondos, apropiación o retención de cuotas laborales, apropiación indebida de retenciones tributarias, actos arbitrarios y falsedad documental agravada», según el informe que hizo la CCR.
En los 10 avisos presentados el pasado lunes 23 de enero el monto malversado es de $9,573,569.64 en donde la mayor cantidad de dinero tiene que ver con el mal manejo de $3,307,036.46 otorgados para atender la pandemia por Covid-19.
Luego aparece el uso irregular de $2,697,473.04 del FODES, también las municipalidades cometieron irregularidades con $2,831,000 obtenidos como préstamos; en fondos propios el monto es de $711,782.28; $19,755.88 que fue entregado para ejecutar proyectos y $6,521.98 que otorgó el FISDL.
La CCR como un ente contralor ha dejado claro que continuará cumpliendo su misión constitucional de una manera técnica, profesional e independiente.
«Trabajamos para asegurar que los recursos propios, préstamos internos y externos y asignaciones del FODES a las municipalidades, se hayan utilizado de manera adecuada en favor de la población, para enfrentar la pandemia Covid-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal» publicó la institución.
Según el informe oficial el delito que los auditores han detectado con mayor frecuencia es la malversación de fondos, sumado al peculado (apropiarse de bienes del Estado) y los actos arbitrarios que es un delito especial cometido por un funcionario público cuando actúa de una forma caprichosa e ilegal.
El otro ilícito en común encontrado es el incumplimiento de deberes aplicado cuando una persona en su calidad de funcionario tenía la obligación de velar por un bien público y no lo hizo.
