La Corte del Distrito Este de Tennessee aprobó un acuerdo para compensar a casi 100 inmigrantes con más de $1,175 millones tras una demanda colectiva que impugnó una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) en una planta procesadora de carne en abril de 2018.
Los demandantes, representados por el National Immigration Law Center (NILC), el Southern Poverty Law Center (SPLC) y varios abogados de práctica privada que actúan de forma gratuita, alegaron que los agentes armados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) apuntaron ilegalmente con sus armas a los inmigrantes para detenerlos y usaron fuerza excesiva.
«Todo era normal y en un instante todo cambió. Ahora vivo con las secuelas de esa mala experiencia. Quedará para siempre en todas las familias. No estoy contenta, pero sí satisfecha de ver que la justicia prevaleció sobre la injusticia. Doy las gracias al equipo jurídico que han permanecido unidos durante todo este tiempo», dijo Martha Pulido, demandante y residente en Morristown, Tennessee.
En agosto, el tribunal de Tennessee certificó el caso como una demanda colectiva en una decisión «que sienta un precedente, allanando el camino para la reparación colectiva de la actuación policial ilegal y el perfil racial alegados en la demanda», comparte en un comunicado NILC.
El tribunal determinó que el acuerdo era razonable y que la reparación proporcionada al grupo era adecuada.
«La aprobación final es un hito en la lucha por la justicia», dijo Michelle Lapointe, subdirectora jurídica de NILC. «Si bien el acuerdo no puede curar las heridas causadas por la violenta redada de 2018, nos complace esta reivindicación tan reñida de sus derechos y el poder de la organización comunitaria», aseveró.