La Corte Suprema de Justicia (CSJ) continuó este miércoles entregando vehículos nuevos a jueces y magistrados de cámara que han reducido significativamente la mora judicial, según confirmó el presidente del Órgano Judicial, Óscar López Jerez.
El funcionario afirmó que los 114 automotores que están siendo entregados fueron adquiridos mediante una licitación que se realizó en la gestión del expresidente de la CSJ, Óscar Pineda Navas.
Una cronología del proceso de suministro de los vehículos detalla que el 1 de marzo de 2021 la Dirección de Logística Institucional presentó el requerimiento para comprarlos y el 4 de marzo del mismo mes se solicitó a la Dirección Financiera la verificación de fondos y las bases de licitación fueron aprobadas el 1 de marzo por Pineda Navas.
Según el proceso seguido, el 15 del mismo mes se publicó el aviso de la convocatoria y el día siguiente ocho empresas accedieron para descargar las bases, para que el 19 de abril se realizara la apertura de ofertas.
La resolución de adjudicación al Grupo Q de El Salvador, fue suscrita por Pineda Navas, el 30 de abril de 2021, ese mismo día fue notificada, el contrato se hizo el pasado 14 de mayo y lo suscribieron un representante de la empresa que obtuvo la adjudicación y el fiscal general.
López Jerez, afirmó que la adquisición de esos vehículos por un monto de $2,175,038 no fue su iniciativa. «No fui yo quien contrató, a mi lo que me ha tocado es recibir los vehículos y repartirlos, pero yo no voy hacer una repartición a lo loco solo por complacer a jueces», sostuvo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, agregó que solo se entregará a los que están reduciendo la mora judicial y que además los cuiden. «Aquel juez que por años ha maltratado los vehículos no se le entregará. Estos vehículos solo son para cuestiones de trabajo del juzgado, no es para que salgan a la playa, al campo y vayan al súper; es para que lo utilicen para ir y venir al juzgado nada más», dijo.
Según López Jerez, el hecho que los automotores tengan placas particulares no quiere decir que los utilizarán para sus actividades particulares, sino que es exclusivamente para actividades que tengan que ver con los juzgados y cámaras.
