En la Constitución salvadoreña, en el artículo 117, establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medioambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Asimismo, en su inciso segundo declara de interés social la conservación, protección y el aprovechamiento racional, la restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley.
La situación del medioambiente en El Salvador es bastante delicada, puesto que varios departamentos se encuentran en vulnerabilidad, como en el caso de Sonsonate, que es el departamento con más estrés hídrico debido al impacto negativo ambiental que origina la agroindustria azucarera, pues no existe un sistema de monitoreo que permita observar cuánta agua utiliza este rubro.
El resto del país empieza a ver la escasez de agua por varios lugares, la tala de árboles sigue siendo indiscriminada y no existen regulaciones que tengan los colmillos necesarios para que depredadores de los bienes naturales paguen por los daños ocasionados.
En algunos municipios como El Congo se ha sufrido la escasez de agua potable. En todo 2020 hay colonias en las que no cayó ni una gota de agua, desde hace 15 meses, como en Las Villas Doradas I y II, Santa Rita y Santa Alicia, pero esto se debe a que los mantos acuíferos se están secando.
La Constitución salvadoreña, mínimamente, incluye un artículo de protección al medioambiente, pero no desarrolla un capítulo que lo proteja de la irresponsabilidad y la depredación. Sería prudente que, en el nuevo paquete de reformas constitucionales, incluya su protección, de una forma más garantista, responsable y humanizada, y que esto traiga por objeto construir todo un cuerpo legal que obligue a los ciudadanos e instituciones a generar la importancia del cuido y protección de la tierra y sus bienes naturales. Si contaminamos, si talamos los árboles, no tendremos agua en menos de una década, y si no tenemos agua, el ser humano no puede vivir.
Según algunos informes de medioambiente, tendremos agua para 10 años. Esto significa que, cada vez que se otorga un permiso para talar árboles y construir complejos de viviendas, centros comerciales e industria en zonas que aún son pulmones ambientales, también negamos el derecho a la vida.
El problema es más serio de lo que pensamos. Sin embargo, no le hemos dado la importancia que merece. Los ambientalistas lo han dicho muchas veces, y el deterioro ya se empieza a sentir. Aún estamos a tiempo de construir un futuro ambiental para las nuevas generaciones, pero necesitamos revisar las leyes que la protejan, empezando por la Constitución, que ayude a establecer todo un sistema que mejore la institucionalidad a favor de nuestra tierra, que es la que genera la biodiversidad que nos permite respirar y vivir.
El Estado debe jugar un papel más consciente. Eso implica construir una institución verdaderamente protectora con herramientas legales necesarias.
Hay que tener claro que la destrucción ambiental es una forma de violencia contra la humanidad.
