Aunque a diario los diversos medios, de radio, prensa escrita, diarios digitales y la televisión publican o difunden noticias relacionadas con el accionar delictivo o sobre capturas de pandilleros, la fundación Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) han presentado este martes una demanda, en la que argumentan una supuesta censura a periodistas que abordan el tema de las pandillas.
Cristosal y la APES presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa al artículo 345 del Código Penal y al artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, reforma de ley que ha permitido que las autoridades frenaran el accionar delictivo, tras una oleada de asesinatos entre el 26 y el 27 de marzo y pusieran tras las rejas a miles de pandilleros.
Las reformas enmarcadas en el régimen de excepción han permitido a las autoridades de seguridad pública capturar a más de 13,500 pandilleros o colaboradores en 24 días.
La primera reforma, avalada con 76 votos, se hizo del Código Penal, en el sentido que quien decida formar parte de las pandillas será sancionado con penas de 20 a 30 años de cárcel, y la pena se incrementa cuando sean líderes de las pandillas, pasando de 40 a 45 años.
La segunda reforma fue de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en el sentido que quienes se dediquen a esas acciones y sean pandilleros reciban una condena de entre 20 y 30 años.
La tercera tiene que ver también con el Código Procesal Penal en dos grandes áreas: para brindar protección a los jueces que diriman en procesos, de forma que el juez no pueda ser identificado visualmente, ni ningún documento que emita contenga datos personales; y que no sean aplicables medidas sustitutivas a la detención provisional cuando el procesado sea un pandillero o integrante de otra asociación regulada en la Ley de Proscripción de Pandillas.
Otro cuerpo normativo que se reformó fue la Ley Penal Juvenil, en el sentido de incrementar hasta 20 años la pena por el delito de agrupaciones ilícitas cuando sea cometido por un adolescente de 16 años, y de 10 cuando corresponda a uno de 12 años.
«En este supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos, se está restringiendo la libertad de prensa», expresó César Fagoaga, presidente de APES.
La denuncia a la limitación de la libertad de expresión y prensa señalada por Fagoaga es similar a la que en su momento, el propio presidente de la Apes se apegó durante los años que laboró como periodista de La Prensa Gráfica, cuando este medio era de los impulsores del Manual de Violencia de LPG, que prohibía nombrar a las pandillas y les prohibía publicar imágenes de pintas o tatuajes.
Para Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal la supuesta limitación o restricción a los medios de publicación para publicar información referente a las pandillas viola los derechos de los periodistas a informar y de la población a ser informados.
No obstante, solo los periodistas de El Faro y Factum, en los cuales algunos de sus periodistas han admitido que han tenido a pandilleros como fuentes o que sirvieron para ser «interlocutores» de esos grupos terroristas, como lo admite en un video que circula en redes Juan D´Abuisson, de El Faro, son los que se han quejado de la supuesta persecución, a pesar de que a diario utilizan las redes para exponer sus puntos de vista, por lo general contrarios o para refutar la narrativa del Gobierno.
Respecto a la demanda presentada, la abogada Tahnya Pastor explicó, en su cuenta de Twitter, los errores en los que han caído ambas organizaciones. «Información imprecisa. La reforma NO indica que los periodistas serán procesados penalmente por «Informar sobre las pandillas». La reforma sanciona penalmente a quien reproduzca/transmita mensajes originados POR terroristas QUE generen pánico a la población», señaló la abogada.
Agregó que se debe silenciar a las pandillas e invitó a la población a denunciar a todos estos grupos criminales.
