Han pasado 20 años desde el último intento que se llevó a cabo en el marco de las privatizaciones que se dieron en el país en la década de los noventa. En ese tiempo se vendieron los ingenios, las instalaciones para producir etanol en Acajutla, los bancos nacionales, la Administración Nacional de Telecomunicaciones y otros activos que eran propiedad del Estado.
Por fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional, para el sector energético se siguió otra estrategia. Se creó la Ley General de Electricidad en 1996, que dio lugar a una reestructuración del sector eléctrico, pasando del monopolio público que se tenía en la generación, transmisión y distribución a una eventual etapa de privatización, que significaría que el Estado se desligaría del control del sector y de la propiedad de los recursos, y les entregaría el total poder de decisión y propiedad a entes privados.
En ese contexto se vendieron las plantas de la generación térmica de la CEL y cuatro empresas de distribución de electricidad por un valor de $586 millones. La historia siguió su curso y en 1999, tras la reestructuración de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), surge la Geotérmica Salvadoreña, S. A. de C. V, una división de CEL que daría la continuidad al desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos del país, aprovechando el calor de la superficie ligado a los volcanes, y a la tecnología e ingeniería de plantas de la más alta calidad que el país desarrolló por cuenta propia en la década de los sesenta, convirtiéndose en un hito con la puesta en operación de la primera unidad geotérmica de Ahuachapán en 1975, y la posterior instalación de dos unidades más, perforaciones exitosas en Berlín y la instalación de las primeras unidades generadoras en ese sitio, que completan los 204 megavatios instalados actualmente en el sistema del país.
Una realidad que, por propósitos de consumarse la privatización en favor de la empresa italiana Enel Green Power, en los gobiernos del partido ARENA se negaba y minimizaba, confabulándose una campaña mediática a favor de los intereses de la empresa extranjera por los medios tradicionales, incluyendo a «El Faro», FUSADES, y miembros del partido ARENA, cuyos funcionarios en el gobierno del período de 1999-2004 no solo incumplieron y evadieron leyes de la república, sino también invadieron atribuciones de la Asamblea Legislativa, con tal de entregar la propiedad y la explotación de nuestro petróleo blanco a la empresa extranjera.
