La Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía y el ministerio de Seguridad a través de un proyecto que contiene una serie de componentes, implementarán un registro único de personas desaparecidas y la continuidad del sistema de personas desaparecidas y cadáveres (Sirdec).
El Proyecto se denomina “fortalecimiento a la implementación de herramientas de gestión para casos de desapariciones y tortura vinculados al crimen organizado que afectan a mujeres, hombres y jóvenes en El Salvador fue suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuyo objetivo es implementar estrategias encaminadas al combate a la desaparición de personas y crimen organizado.
El presiente la Corte Suprema, Óscar López Jerez, dijo que se está reafirmando su compromiso con este esfuerzo de cooperación interinstitucional, agregó que se respetaran las normas y derechos fundamentales que abonen a los componentes suscritos y garanticen su efectivo cumplimiento.
Lo que se busca, según el presidente de la CSJ, es fortalecer la respuesta del Estado frente al accionar de estructuras del crimen organizado vinculadas al delito de desaparición de personas.
Según de la PNC entre el 1 de enero y 29 de junio de 2021, se registró 989 personas desaparecidas, en el mismo período, fueron localizadas con vida 545, en 51 casos fueron halladas sin vida.
El informe revela que en algunos casos las desapariciones no tienen que ver con estructuras del crimen organizado. En todos los casos denunciados es clave la implementación del Protocolo de Acción Urgente (PAU) donde Fiscalía y Policía hacen una coordinación diaria de todos los reportes de denuncias que se generan, instalando mesas de crisis para realizar las acciones de búsqueda.
Con este proyecto, la CSJ iniciará un proceso de capacitación especializado en materia de desaparición de personas y protocolos forenses internacionales en beneficio de las áreas de Antropología Forense, Clínica Forense, Patología Forense, Ciencias de la conducta y Atención al Usuario del Instituto de Medicina Legal (IML).
Se detalló que los beneficiarios serán jueces y juezas de todo el país, personal forense y de atención al usuario del IML. El proyecto de tres años permitirá implementar herramientas de gestión para casos de desapariciones y tortura vinculados al crimen organizado que afectan a mujeres, hombres y jóvenes en El Salvador.
La idea es ejecutar estrategias encaminadas al combate de este delito y dar una mejor respuesta a las personas afectadas.
El convenio suscrito tiene dos componentes: El aumento del uso de herramientas y protocolos mediante procedimientos operativos permanentes en las cuatro regiones de El Salvador y mejora de la respuesta de la justicia penal con perspectiva de género a las víctimas de casos vinculados con el crimen organizado.