El Salvador, antes de 2019, al igual que los países de Centroamérica, se veía afectado por el crimen organizado transnacional, el cual, a través de sus diferentes modalidades, generaba impacto negativo en la seguridad y desarrollo nacional; entre estas estructuras criminales destacaban las pandillas, convirtiéndose en amenazas que repercutían negativamente en el Estado salvadoreño.
En el pasado, diferentes organismos internacionales, como las ONG, proponían diferentes medidas para contrarrestar el accionar delincuencial sin tener éxito, pues al final iban bajo la idea subjetiva de que era imposible erradicar a las pandillas, por lo que se dedicaban a sugerir apoyar a los delincuentes, pues «solo eran víctimas del sistema capitalista y la marginación económica social», borrando o minimizando los auténticos delitos morbosos y crueles que cometían estas estructuras criminales, que se habían convertido en empresas de sangre, muerte y terror; a la vez, los gobiernos anteriores oscilaban entre anticuadas ideologías de izquierdas y derechas creadas hace más de 200 años, que ya no sirven para explicar la realidad salvadoreña ni aportan soluciones viables y sustentables a la población desprotegida.
Desde 2019, el Estado salvadoreño ha venido actualizando su legislación con el fin de tener los mecanismos necesarios para hacer frente a las pandillas terroristas, convertidas en amenazas internacionales, ya que trascienden las fronteras, pues su accionar se encuentra desde EE. UU. hasta Centroamérica, pasando a España, Italia, entre otros. De igual manera, las pandillas que imperaban en El Salvador antes del efectivo Plan Control Territorial tuvieron 30 años para evolucionar de manera significativa hasta ser tipificadas jurídicamente como una de las muchas organizaciones terroristas que afectaban a EE. UU., en general, y a El Salvador, en particular, por su alto grado de peligrosidad y por su relación directa con el crimen organizado.
Es por eso que el Estado salvadoreño necesitó crecer, fortalecerse y modificar su sistema judicial con el fin de eliminar la impunidad que permitía que los pandilleros salieran libres por falta de pruebas o si eran condenados pasaran años de tranquilidad entre sus demás compañeros en las prisiones que dominaban, donde la corrupción les permitía seguir extorsionando y recibir favores sexuales y económicos dentro de la cárcel, creando un cáncer social que, según «los expertos politólogos o antropólogos», era imposible eliminar ese orden perverso donde proliferaba la narcoactividad, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la migración irregular, el lavado de dinero, el lavado de activos y la extorsión.
A pesar de que existan pseudoacadémicos que aseguran que las pandillas cumplen roles sociales y antropológicos en las zonas que «dominan», lo real es que estos grupos terroristas se convirtieron en empresas delincuenciales que sostenían una economía criminal; por lo tanto, las pandillas solo tienen efectos negativos, pues son sinónimo de violencia y terror al ser una organización terrorista especialista en luto, dolor y extorsión dentro de la sociedad, que a la vez limitaba el crecimiento económico, afectando la estabilidad socioeconómica salvadoreña.
A pesar de que la génesis de estos grupos terroristas es el resultado de la marginación, desinterés e incompetencia de los gobiernos anteriores, no se le puede dar la categoría de «víctimas de violencia económica» o «víctimas de la marginación social» a sus miembros, excusando su accionar por ser de «sectores precarios y empobrecidos», ya que para las décadas de los 2000 y 2010 sus cabecillas se habían convertido en empresarios y lavadores de dinero; además, manejaban una economía fundamentada en la extorsión de pequeños y medianos empresarios, es decir, estos mismos terroristas eran ahora los que lucraban con el dinero ilícito, pero a la vez no dejaban crecer económicamente a los emprendedores, aumentando su presencia en el territorio salvadoreño, permitiendo su evolución, convirtiéndose en organizaciones económicas criminales de carácter internacional.
Por lo tanto, es categórico afirmar que un pandillero actual no es ninguna «víctima inocente de las situaciones socioeconómicas ni antropológicas», pues desangraban y aterrorizaban a sus mismos vecinos, quienes en lugar de entrar al mundo delincuencial iban a trabajar, hacían emprendimientos, siendo una población salvadoreña honesta que no se rindió a pesar de estar ahorcada por las extorsiones de estos pandilleros, y por otro lado vivir en zozobra y abandono de gobiernos corruptos que mejor negociaban con la sangre de ese pueblo salvadoreño vilipendiado y despreciado. En pocas palabras, los salvadoreños estábamos entre delincuentes criminales asesinos y delincuentes de cuello blanco enquistados en una casta política que solo se acordaba de la población honesta en cada proceso electoral.
En esta administración presidencial 2019-2024 se ha dado por primera vez la posibilidad de construir su propio destino a través del signo de los tiempos y en un «momentum» inigualable, donde el Estado salvadoreño tiene verdaderamente la capacidad de controlar su territorio, tomar las acciones que permitan generar un ambiente de estabilidad en la sociedad, dar una real seguridad pública, combatir y erradicar a los terroristas, todo bajo el imperio de la ley y la legalidad, pues la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 1, expresa: «El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, y es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social»; de ahí que la Fuerza Armada, la Policía y la Fiscalía contribuyan a controlar y erradicar el problema de las pandillas, apoyadas en los poderes del Estado que por primera vez velan por los salvadoreños invisibilizados.
Tanto afines como la oposición reconocen los logros y esfuerzos que el Estado está llevando a cabo para contrarrestar todos los delitos cometidos por los terroristas, aceptando que es un Estado fuerte que lucha amparado en un marco legal robusto y respetuoso de los derechos humanos, pues en esta guerra las bajas mortales son mínimas; por ejemplo, se captura a miles de pandilleros, pero su vida es respetada, cosa que los terroristas nunca hicieron, pues en su sadismo descuartizaban y quemaban vivas a sus víctimas.
