Ha finalizado la etapa de investigación del caso contra políticos quienes, a través de tres intermediarios, supuestamente negociaron con cabecillas de las pandillas votos para las elecciones presidenciales del año 2014 y los comicios legislativos y municipales del año 2015.
En febrero del año 2020, la Fiscalía General de la República judicializó la causa penal en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, acusando de agrupaciones ilícitas y fraude electoral al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los intermediarios con las pandillas, Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado.
Cuando el caso pasó a la segunda etapa procesal se le otorgaron al ministerio público seis meses de plazo de instrucción que finalizaban el 14 de febrero del año 2020, pero el exfiscal Raúl Melara, solicitó prórroga de otros seis meses, evitando que Muyshondt enfrentara la audiencia preliminar en plena campaña electoral municipal de cara al 28 de febrero de 2021.
Esa ampliación de la fase de instrucción quedó determinada para que culminara el 19 de junio y ya no puede haber una segunda prórroga ya que el Código Procesal Penal lo prohíbe.
La Fiscalía General de la República tiene cinco días hábiles para presentar la investigación final (dictamen de acusación), a más tardar el viernes 25 de junio deberá acudir ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador con toda la carpeta final de las pesquisas.
Los abogados defensores tendrán la opción de responder el dictamen de acusación, aunque algunos prefieren no hacerlo para no divulgar a la Fiscalía su estrategia de defensa.
Tras recibir el expediente y todas las pruebas recopiladas, el Juzgado Segundo de Instrucción deberá señalar fecha de audiencia preliminar donde se resolverá si los seis imputados pasan o no a vista pública.
Cuando se hizo la audiencia inicial a todos los acusados se les asignaron medidas alternas a la detención, pero Raúl Mijango no pudo gozar de ellas porque ya estaba en prisión por otro delito. La jueza impuso fianza de $10,000, a Muyshondt, Lara y Valencia; Paolo Lüers y Wilson Alvarado pagaron $5,000 cada uno.
Muyshondt en prisión
En el caso del exalcalde de San Salvador, su situación jurídica cambió el pasado 4 de junio, ya que en una audiencia especial se le revocó las medidas y fue enviado a cumplir arresto domiciliar, pero el pasado 14 de junio, el Juzgado Tercero de Paz lo envió a la cárcel por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes [por $275,000].
Desde que se inició el proceso la jueza que entró a conocer el expediente dijo que hay suficientes indicios de la participación de los acusados en los hechos.
La juzgadora incluso cuestionó que los tres políticos señalados, se hayan reunido con los cabecillas de las pandillas para incidir en ellos a que votaran a su favor a cambio de dinero, según las pruebas que la Fiscalía General de la República incorporó al proceso al momento de judicializar el caso.
A la Fiscalía se han admitido audios obtenidos mediante escuchas telefónicas que un juzgado autorizó, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» quienes han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, mientras que Muyshondt, pagó $69,000 a cada una de las pandillas, según han informado testigos criteriados al ministerio público.