Dagoberto Gutiérrez, reconocido académico y analista político en nuestro país, censuró la decisión del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) de continuar respaldando al presidente derechista de Ecuador, Guillermo Lasso, quien disolvió esta semana la Asamblea Nacional que impulsaba un juicio político por un presunto delito de peculado (malversación).
«Ecuador está recibiendo el respaldo de Estados Unidos y el escenario de Ecuador es que el presidente (Guillermo) Lasso es sometido a un juicio político y (puede) perder la votación en el Congreso», explicó Gutiérrez.
Washington, tras la decisión de Lasso, que también convocó a elecciones generales anticipadas, ha dicho que seguirá trabajando con Quito (capital de Ecuador) para abordar «los desafíos y objetivos compartidos».
Pero Gutiérrez recordó que este mismo apoyo no fue otorgado por EE. UU. al presidente izquierdista de Venezuela, Hugo Chávez, cuando un golpe de Estado lo sacó temporalmente del poder en abril de 2002; por el contrario, la entonces administración estadounidense apoyó al gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga.
«Cuando se dio un golpe de Estado al gobierno de Venezuela, la embajada de Estados Unidos respaldó al nuevo gobierno que duró poquitas horas», rememoró.
La izquierda y la centroizquierda dominan la Asamblea Nacional de Ecuador disuelta por Lasso, cuyo nombre apareció en los llamados Pandora Papers, que expusieron secretos financieros y tratos en el extranjero por parte del ecuatoriano.
En tanto, los asiduos «defensores» del Estado de Derecho, tanto nacionales como internacionales, no se han pronunciado hasta ahora sobre el rompimiento del orden constitucional por parte del presidente ecuatoriano en la nación sudamaricana.
Dichos grupos han reaccionado casi de inmediato ante otros hechos ocurridos en diferentes países, considerando que hay violación de derechos humanos o de principios contenidos en las constituciones nacionales. Pero en el caso de Ecuador predomina su silencio.
En El Salvador, un caso similar reciente ocurrió cuando desde la embajada de EE. UU. la encargada de negocios, Jean Manes, ordenó restablecer en sus cargos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de la república, Raúl Melara, quienes fueron destituidos -por mandato constitucional- por la nueva Asamblea Legislativa, que tomó posesión el 1.° de mayo de 2021, basándose en la falta de independencia y vinculación partidaria de dichos funcionarios.
No tardó en llegar la condena por parte de Washington, así como de organizaciones en nuestro país vinculadas a los partidos ARENA y FMLN que se plegaron a la misma demanda.
Además, diversas organizaciones que dicen defender los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han atacado decisiones soberanas tomadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Esas entidades internacionales, así como ONG nacionales, han guardado silencio o han mostrado una postura tibia para condenar ataques armados cometidos por pandilleros contra los agentes de autoridad, pero han condenado las acciones de seguridad implementadas por el Gobierno en materia de seguridad.
A esas críticas se sumó recientemente Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, pero a inicios de esta semana -basándose en la Constitución de su país- disolvió la Asamblea Nacional, acción que no fue condenada sino respaldada por el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el demócrata Joe Biden.
Recientemente, Bukele señaló que esas ONG «solo velan por los derechos de los criminales».
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