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Periodistas y miembros de ONG críticos del presidente sandinista Daniel Ortega en Nicaragua, denunciaron este miércoles que sus bienes ocupados por el gobierno en 2018 serán utilizados por el Estado, sin sustento legal.
Tanto las oficinas donde funcionaban el diario digital Confidencial como la del canal 100% Noticias, ocupadas por la fuerza en diciembre de 2018, amanecieron con rótulos que anunciaban su próxima apertura como un centro de rehabilitación para drogadictos y una casa de maternidad, respectivamente, ambos dependientes del Ministerio de Salud.
«No he recibido ninguna notificación judicial, de ninguna autoridad de gobierno o del Poder Judicial» que justifique la incautación del local, dijo a la prensa el periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias.
Ambos locales están bajo custodia policial, según reportes de prensa.
También se les dará uso estatal a locales donde funcionaban el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la fundación Popol Nah y el Centro de Información y Servicios en Asesoría en la Salud (Cisas).
En 2018 estas oenegés fueron declaradas ilegales por el Parlamento, dominado por el oficialismo. Fueron acusadas de desestabilización, en el contexto de las protestas opositoras de ese año, que para el gobierno fueron un intento de golpe de Estado.
Las oficinas de 100% Noticias fueron allanadas en diciembre de 2018 y Mora y su jefa de prensa Lucía Pineda fueron detenidos y liberados seis meses después.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, dueño de Confidencial, acusó a Ortega de efectuar «una confiscación de facto, aunque nunca podrá confiscar el periodismo, ni matar la verdad».
Para la presidenta del Cenidh y jurista, Vilma Núñez, se trata de «un vulgar asalto y robo» de los bienes de estas entidades ocupadas «manu-militari», sin ninguna resolución judicial como cabe en un acto confiscatorio.
En tanto, Cisas, cuya directora Ana Quiros fue expulsada del país, expresó en un comunicado sentir un «gran dolor y rabia» ante la «usurpación» de sus instalaciones.
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El exlíder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, cuya gestión documentó los hechos de 2018, consideró que estas ocupaciones muestran que «nunca hubo discontinuidad de la represión en Nicaragua».
La decisión del gobierno ocurre un día después que entró en vigencia una ley que puede dejar fuera de las elecciones generales de 2021 a quienes critiquen y pidan sanciones contra el gobierno del socialista Ortega, quien puede postular para un cuarto mandato consecutivo.
Nicaragua está sumida en una crisis política desde abril de 2018, tras masivas protestas opositoras que dejaron más de 325 muertos, según organismos humanitarios, además de cientos de detenidos, la mayoría liberados a la fecha.
