Durante una entrevista concedida a Diario El Salvador, el abogado Giancarlo de la Gasca ahondó sobre el porqué la Revista Factum y la periodista Loida Martínez Avelar habrían violado al menos 16 artículos del Código de ética periodista al publicar información falsa sobre un supuesto problema familiar, que involucra al ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
El caso que publicó el sitio web Factum en contra del ministro de Gobernación ¿de cuándo data?
Mi cliente se separó de su expareja hace más de 11 años. La denuncia, ella la interpuso en el 2012 y la derogatoria a la petición de juzgamiento en Guatemala se declaró sin lugar por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en mayo de 2020.
Es más, la Corte tomó esta decisión con 12 de 15 posibles votos, y ningún voto en contra. Esto fue mucho antes de los cambios que ocurrieron en mayo de 2021. Ni siquiera habían ocurrido las elecciones de diputados. Y por supuesto, mucho antes de que mi cliente llegara a ser ministro.
Sin embargo, la publicación hecha por Revista Factum y su periodista Loida Martínez Avelar, ha sido redactada de tal manera como para reflejar que mi cliente, un ciudadano sin cargo relevante en aquel entonces, supuestamente «manipuló» a su favor el aparato del Estado y salió exonerado por el solo hecho de ser ministro de Gobierno. Pero, mi cliente ni siquiera era ministro.
¿Quién es la acusadora y qué pruebas presentó?
La persona que acusó es una expareja de quien mi cliente se separó totalmente hace más de 11 años y que desde entonces no mantienen ninguna relación.
Ha sido un terrible drama familiar, en el cual a mi defendido le sustrajeron a sus hijas en contra de su voluntad, y no sólo eso, sino que se le ha impedido y obstaculizado cualquier tipo de comunicación con ellas durante todo este tiempo.
Nadie ha dicho esto, pero resulta relevante mencionar que la denunciante pertenece a una de las familias más poderosas de Guatemala, con grandes influencias políticas y económicas. Incluso un banco lleva su apellido.
¿Por qué decide Factum publicarlo muchos años después?
Yo tengo exactamente la misma pregunta. Si la separación ocurrió hace más de 11 años, la denuncia en el 2012 y la denegación de la Corte en el 2020: ¿Por qué hasta hoy adquiere relevancia? ¿Será por el hecho que hasta hoy es ministro de Gobernación?
Claramente, lo único que lo ha vuelto relevante es el cargo político que ahora desempeña mi defendido, lo que ni siquiera imaginaba cuando sucedió el proceso legal correspondiente y obtuvo su resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Reflejar la realidad tendenciosamente, o contar las verdades a medias, no es algo ético, y por eso se lo estamos recordando con la promoción de esta denuncia ante la comisión de ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
¿Por qué la denuncia ética ante la APES?
Porque es la institución llamada a reprender el ejercicio del periodismo irresponsable de parte de sus agremiados.
Como cualquier sociedad democrática, el periodismo también puede y debe ser cuestionado. Se llenan la boca de frenos y contrapesos y cuestionamientos al poder, pero ¿Y el poder de la prensa, quien la cuestiona?
El reto es grande… no puede haber un poder ilimitado de la prensa, cuando menos, deberían ceñirse a los propios principios éticos que ellos mismo han establecido.
¿Qué espera de esta denuncia?
Esperamos que se conozca con imparcialidad, y que, por ética, no vayan a intentar incidir en su resultado los miembros de la Asociación de Periodistas que tengan algún conflicto de interés.
No es muy buena señal ver que el presidente de la Asociación salga expresando su incondicional apoyo a una de las personas denunciadas en redes sociales.
También esperamos sentar un precedente y que, de ahora en adelante, se dé verdadera aplicación y cumplimiento a las reglas éticas del periodismo y se respete la dignidad de las personas y el derecho a la verdad. Una cosa no está reñida con la otra.
