El Salvador acaba de ser admitido como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en reconocimiento al trabajo de la Fiscalía General de la República contra el crimen organizado y el lavado de activos provenientes de dinero ilícito.
De este modo, el país se incorpora a un selecto grupo de 17 naciones del hemisferio que cumple con los requisitos de combatir a la delincuencia organizada. Ha sido la firme política en contra de la criminalidad que se ha implementado desde que asumió el presidente Nayib Bukele la que ha permitido incorporar a El Salvador al Gafilat.
Ha sido un camino cuesta arriba debido a la connivencia de las administraciones pasadas, de ARENA y del FMLN, con el crimen organizado. En 2018, el país fue separado del grupo internacional Egmont, que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 160 países para coordinar el combate al lavado de dinero y la financiación del terrorismo, debido al pésimo desempeño del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, que mutiló las funciones de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, a la que no le permitió autonomía ni independencia operativa.
Ahora, en cambio, el país es reconocido internacionalmente por el combate efectivo del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Los esfuerzos del Gobierno en contra de la delincuencia han sido en múltiples áreas, como parte del Plan Control Territorial, que ha permitido reducir el 80 % de los crímenes en el país. Es un logro destacado, pero el esfuerzo es permanente hasta lograr que haya plena seguridad en el país, algo en lo que trabaja el Gabinete de Seguridad.
De hecho, el lunes concluyó la construcción y el equipamiento de la segunda fase de la ampliación del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, que permitirá albergar a 10,000 reos en condiciones que garanticen su rehabilitación.
El Gobierno del presidente Bukele ha reducido el hacinamiento carcelario hasta un 7 % y promueve la reincorporación a la sociedad de los internos que han mostrado interés en rehabilitarse. Reos en fase de confianza han trabajado en la limpieza de playas y carreteras, además de reconstruir escuelas y otras edificaciones, como parte de las acciones para enmendar sus delitos.
No es poca cosa invertir en las cárceles. Los gobiernos pasados no lo hicieron y mantuvieron la infraestructura en pésimo estado y en condiciones de insalubridad en las que los pandilleros controlaban las instalaciones. Ahora, con orden y disciplina, el Estado verdaderamente ejerce control y rehabilita a los internos.
Falta mucho por recorrer, pero los logros están a la vista, y la comunidad internacional los reconoce.