La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) es la institución que garantiza que cada producto de inversión tokenizado en El Salvador ha pasado por un proceso riguroso de verificación antes de llegar al público.
Su presidente, Juan Carlos Reyes, explicó a «Diario El Salvador» cómo funciona ese proceso, qué significa invertir en tokens y cuáles protecciones tiene un inversionista salvadoreño. El Salvador aprobó en febrero de 2023 la Ley de Emisión de Activos Digitales, convirtiéndose en el primer país de América Latina en contar con un marco regulatorio específico para la tokenización de activos del mundo real.
Desde entonces, la CNAD supervisa un ecosistema que se aproxima a los 100 tokens aprobados formalmente, con participación de exchanges licenciados, estructuradores, certificadores y plataformas de colocación. Antes de que un token llegue al público pasa por un proceso de cuatro etapas.
Primero, el emisor trabaja con un estructurador regulado por la comisión, que define cómo funcionará el token y cómo generará rendimientos. Luego, una plataforma de colocación evalúa si el proyecto es viable y si existe mercado para el token.
Después interviene un certificador independiente que elabora un análisis de riesgo. Finalmente, la CNAD revisa todo el expediente antes de emitir su aprobación. «Una vez tenés todo eso, significa que este token no es una idea de “voy a construir castillos en el aire”. Ya estás hablando de que ha pasado cuatro filtros», afirmó Reyes.
Solo los proyectos que superan cada etapa reciben el sello de la comisión, y para el funcionario representa la única garantía verificable de que el activo detrás del token realmente existe. Reyes fue enfático en un punto que considera clave: los tokens son productos de inversión, no instrumentos de ahorro garantizado.
Cada emisión aprobada incluye un documento de información relevante que detalla la estructura del proyecto, el rendimiento prometido, los mecanismos de pago y los riesgos asociados. Leerlo es responsabilidad del inversionista. El proceso también actúa como barrera de entrada para proyectos débiles.
La comisión ha rechazado emisiones que, tras el análisis financiero interno, no demostraron capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones.
«Todo el proceso de emisión: primero, no es barato; segundo, no es de la noche a la mañana; y, tercero, tenés que tener una inversión seria para lanzar esto. Todo eso son barreras de entrada que reducen el riesgo de criminales y de posibles fraudes», indicó Reyes.
En caso de incumplimiento por parte del emisor, la ley otorga tres mecanismos de protección al tenedor del token. El primero son las garantías establecidas en la misma emisión, cuyos documentos tienen calidad de título ejecutivo y permiten acudir directamente a un juez. El segundo es el contrato inteligente, que puede ejecutar devoluciones automáticas si se cumplen las condiciones pactadas.
El tercero es el token mismo: la Ley de Emisión de Activos Digitales le otorga calidad de título ejecutivo, habilitando al inversionista a solicitar judicialmente la ejecución de la obligación contenida en él.
