El financiamiento como palanca para ampliar el acceso a vivienda fue uno de los temas abordados en el primer día del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, durante un panel que reunió en el Centro de Convenciones de Panamá a autoridades públicas y líderes del sector social y privado para debatir cómo la vivienda digna incide en el desarrollo y cómo la cooperación entre sectores puede acelerar soluciones habitacionales en la región.
En el espacio participaron Anacláudia Rossbach, secretaria ejecutiva de ONU-Habitat; Tamara Paseyro, ministra de Vivienda de Uruguay; Juan José Ayerza, CEO de TECHO; Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador, y moderó Alejandra Robledo, directora ejecutiva de sostenibilidad de Constructora Bolívar.
Durante su intervención, Sol sostuvo que la vivienda debe entenderse también como una política económica y urbana cuando se articula con financiamiento, planificación y sector privado. En esa línea, afirmó que uno de los incentivos que facilitó la ejecución de programas en el territorio ha sido la mejora en seguridad, al permitir intervenir comunidades con mayor alcance institucional.
La funcionaria explicó que, al identificar que una parte importante de las familias no podía cubrir una prima inicial, pero sí una cuota mensual, el Gobierno impulsó un crédito social con condiciones preferenciales. «Sacamos programas de crédito de cero prima y 4% tasa de interés», afirmó, al referirse a un esquema diseñado para acercar financiamiento a hogares con menores ingresos y con alta presencia de empleo informal.
Sol detalló que, en seis años, la colocación acumulada de créditos vinculados a esta política ha sido de $1,700 millones, y agregó que los índices de mora se mantienen bajos, lo que —según dijo— refleja capacidad de pago y cumplimiento por parte de los beneficiarios. «Son el sector más responsable que hemos conocido», expresó, al explicar por qué considera que el modelo puede ampliarse.
Sin embargo, la ministra subrayó que el reto actual está en fortalecer el financiamiento para la construcción de proyectos y escalar la oferta de vivienda de interés social. Señaló que el trabajo con la empresa privada ya está en marcha, tanto en coordinación como en permisos y desarrollo de proyectos, pero que se requieren fondos para construir más comunidades y ampliar productos habitacionales que se ajusten al ingreso de las familias.
Desde la perspectiva regional, Rossbach advirtió que la brecha entre ingresos y costo de vivienda obliga a repensar cómo se financia el sector y remarcó que se necesita «más plata» a largo plazo, además de subsidios para cerrar esa distancia, especialmente en los segmentos de menores ingresos. También insistió en que el suelo es un factor crítico por ser uno de los componentes más costosos en la vivienda, lo que vuelve relevante la planificación urbana y las políticas de gestión de suelo.
Ayerza, por su parte, planteó que la política pública debe reconocer la vivienda progresiva e incorporar instrumentos financieros que acompañen la autoconstrucción con asistencia técnica y social. Paseyro enfatizó la necesidad de políticas flexibles e integrales, conectadas con el ordenamiento territorial y la participación de múltiples actores para ampliar el impacto de los programas.
El panel concluyó con coincidencias sobre la necesidad de combinar financiamiento, planificación y coordinación entre sectores para ampliar la vivienda formal y reducir el crecimiento de la informalidad, un desafío que atraviesa a la mayoría de países de América Latina y el Caribe.
