El Gobierno ha colocado al país en el ojo de los más grandes capitales a escala global tras aprobar escalonadamente una serie de cuerpos legales para modernizar el sistema financiero y garantizar a los inversionistas un entorno transparente, confiable y ágil.
Entre estas destaca la Ley de Bancos de Inversión que, según la Asamblea Legislativa, está enfocada en «entidades que presten servicios como gestión de activos, asesoría financiera, estructuración de operaciones corporativas (fusiones, adquisiciones), financiamiento estructurado y análisis de mercado, entre otros».
El Banco Central de Reserva (BCR) será el encargado de regular a dichas entidades, mientras que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) supervisará el funcionamiento, las autorizaciones y el cumplimiento normativo.
Esta normativa atenderá a los «inversionistas sofisticados», catalogados como personas naturales o jurídicas con alto conocimiento, capacidad financiera y experiencia en el manejo de inversiones complejas, con un patrimonio igual o mayor a $250,000 en activos líquidos.
Estos podrán ser bitcoines, bonos del tesoro, bonos del tesoro tokenizados, oro tokenizado, entre otros.
A esta iniciativa, que prevé convertir al país en un «host» financiero especializado con reputación internacional, confianza institucional y competitividad, se suman incentivos fiscales para nuevas inversiones tras la aprobación del decreto Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor, que exonera de todo tipo de impuestos a las nuevas inversiones o patrimonios de $2,000 millones o más que se trasladen a El Salvador, ya sea de extranjeros o de salvadoreños que residan en el exterior desde hace un año.
También aprobó el decreto Régimen Especial para Facilitar y Promover el Establecimiento de la Capacidad Técnica y Administrativa del Personal que Labore con Entidades que Desarrollen Nuevas Inversiones en El Salvador, para fijar en un 10 % el impuesto sobre la renta que gravará los salarios de los técnicos de nuevas inversiones en El Salvador que ganen hasta $100,000 mensuales.
El terreno está preparado para dichas inversiones, puesto que se aprobaron otras figuras legales como la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, para impulsar el desarrollo, la investigación y la aplicación de la IA en el país. Esta normativa se complementa con la también recientemente aprobada Ley de Tecnologías Robóticas.
El especialista en el ecosistema de innovación José Roberto Rodríguez señaló que estas iniciativas colocan al país como punta de lanza para el desarrollo regional. «El Salvador está caminando sobre un ecosistema diferente, y cada uno de los salvadoreños tenemos que saber que vivimos en un país que tiene todas las oportunidades para crecer y desarrollarse. Ahora hay un ecosistema, hay regulación, hay apoyo y acompañamiento», afirmó.
Además, el país cuenta con la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica que busca posicionar al país como un centro tecnológico regional. La normativa ofrece incentivos fiscales por 15 años a empresas y personas que inviertan en áreas de programación, inteligencia artificial y desarrollo de «hardware».
Como parte de la diversificación de incentivos, se aprobó la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad en El Salvador, que promueve la inversión en proyectos de energía renovable.
Todos estos incentivos están fortalecidos con la seguridad, tanto social como jurídica, y por una serie de iniciativas como digitalización de procesos del Gobierno, la inversión en facilitación del comercio y la conectividad.
