El presidente Nayib Bukele ha cuidado, desde su primer mandato que inició en 2019, el bolsillo de los salvadoreños actuando frente a los abusos de importadores, distribuidores y comerciantes que aplican aumentos de precios injustificados.
La acción más reciente, según recordaron los sociólogos y analistas políticos Mauricio Rodríguez y René Martínez, la tomó el mandatario al advertir que su Gobierno no solo aplicará sanciones administrativas y multas en contra de quienes realicen aumentos injustificados en el precio de los productos de la canasta básica, sino que también se abrirán procesos penales contra quienes cometen delitos vinculados con la evasión y elusión fiscal.
«Al ordenar bajar los precios al límite de lo justo, para unos y otros, el presidente mantiene o incrementa el poder adquisitivo del salario […]. La demanda del presidente es que, bajando los precios, se puede ir construyendo una sociedad de bienestar en la que los abusos no solo son denunciados, sino también castigados. Eso hace un Estado con orientación social: proteger el bolsillo de los ciudadanos ante los injustificados precios elevados», planteó Martínez.
El viernes pasado, el gobernante también anunció, en cadena nacional, una campaña de verificación de precios en los establecimientos que ofrecen productos de la canasta básica a escala nacional, y por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería se anunció la instalación de 21 agromercados de frutas y verduras, los cuales, según dijo ayer, serán permanentes.
Por la noche, el presidente confirmó la habilitación de dos más, ubicados en Chalatenango y Cabañas. Además, su Gobierno mantiene el subsidio de la energía eléctrica y recientemente la Fiscalía inició una investigación penal en contra de las empresas generadoras y distribuidoras de este servicio luego de que la población denunció cobros excesivos en la factura.
Asimismo, la administración Bukele mantiene vigente el subsidio del gas licuado de petróleo (GLP) o gas propano. La oposición política acusó recientemente al Gobierno de haber suspendido este beneficio; sin embargo, el Ministerio de Hacienda desmintió dicha información.
De hecho, la Asamblea Legislativa, con mayoría de diputados de Nuevas Ideas, aprobó el 23 de mayo pasado el decreto 23 para prorrogar este subsidio hasta el 31 de mayo de 2025, medida que beneficia a 1.2 millones de hogares salvadoreños. Como parte de su gestión en el primer mandato, en 2022 el presidente Bukele estableció la medida paliativa de un subsidio de los combustibles para evitar impactos negativos en el bolsillo de los consumidores ante el alza del precio internacional del petróleo y sus derivados.
En ese momento, el galón de gasolina rondó a escala internacional los $5. A causa de esta situación, el Gobierno salvadoreño redujo el cobro del Fondo Especial de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) y la Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de Tipo Colectivo y Masivo (Cotrans). Luego ambos impuestos fueron eliminados temporalmente. «Es prohibido olvidar que en 2022 se hizo un esfuerzo de parte del Gobierno [ante el aumento del precio de los combustibles].
El presidente sacrificó las arcas del Estado para aliviar el bolsillo de los salvadoreños consumidores de combustible», recordó Rodríguez. Además de este beneficio, el Ejecutivo implementó 11 medidas para impedir abusos hacia los usuarios y consumidores, que incluyó la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) para 20 productos de la canasta básica como frutas, verduras, vegetales, huevos y plátanos.
