El trabajo de la Defensoría del Consumidor (DC), desde junio de 2019 hasta agosto de 2023, ha derivado en la recuperación de alrededor de $75 millones a favor de los consumidores, y de los cuales $8.8 millones corresponden a denuncias realizadas en materia de productos y servicios financieros.
El presidente de la institución, Ricardo Salazar, informó que en los últimos cuatro años se ha atendido a más de 124,000 personas y cerrar más de 12,000 casos con devolución a favor de la población, beneficiando así a más de 8,200 consumidores.
Agregó que los principales motivos de denuncia en este sector son la aplicación de comisiones o recargos indebidos por parte de las instituciones bancarias y las alteraciones aplicadas a las tasas de interés sin previa autorización a los titulares de servicios.
«Se realizaron las reconstrucciones de los créditos, de los préstamos o la revisión de los contratos para poder establecer a partir de cobros que se había realizado en sus estados de cuenta una labor bastante pormenorizada en la cual hay rigurosidad por parte de nuestro equipo», dijo el funcionario.
Asimismo, apuntó que el sector financiero continúa entre los dos que más reclamos reciben por parte de los salvadoreños, y reiteró que el Gobierno cuenta con abundante legislación para velar por que estos proveedores no comentan abusos contra los consumidores.
«El sector financiero se encuentra entre los primeros dos lugares con más atenciones por parte de nuestra institución, disputando el primer lugar con el sector de telecomunicaciones», dijo.
En este sentido, señaló que para apoyar a los consumidores, las competencias y marcos basados en materia financiera están establecidos en la Ley de Protección al Consumidor (LPC), en el caso de los proveedores no regulados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); y las que dictan los procedimientos en casos de usura, historial crediticio y tarjetas de créditos.
INSPECCIONES Y MULTAS A PROVEEDORES
En otro tema, el presidente de la DC informó que en lo que va de este año, se han realizado 35,000 inspecciones en los diferentes agentes de la cadena de comercialización de alimentos e insumos agrícolas.
Derivado de este trabajo, el titular informó que 56 proveedores han sido multados por comprobarse el cometimiento de infracciones como el alza injustificada de precios y la obstaculización del trabajo de la DC, y que estas sanciones significaron la imposición de multas por $229,000.
