La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), adscrita al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ha comenzado operaciones oficialmente desde el 12 de mayo con una misión clara: convertirse en una ventanilla única que centraliza y agiliza todos los procesos relacionados con la obtención de permisos de construcción en El Salvador.
Esta nueva institución surge como respuesta al crecimiento sostenido del sector construcción, que ha mantenido una expansión entre el 6 % y 8 % en los últimos cinco años, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). De hecho, según José Antonio Velásquez, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), la inversión en el sector alcanzó los $2,350 millones en 2024, con proyecciones de un mayor crecimiento en 2025.
La directora ejecutiva de la DOT, Paola Bardi, explicó que esta entidad nace tras un análisis detallado de cómo, hasta ahora, los permisos estaban dispersos entre distintas instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, ANDA, Obras Públicas, Ministerio de Cultura, Bomberos y otras. Esta fragmentación generaba cuellos de botella, duplicidad de trámites y en algunas ocasiones largos periodos de espera. «Antes, un permiso de construcción podía requerir más de 30 visitas técnicas, todas en distintos momentos y sin coordinación. Ahora, con el nuevo modelo, esas visitas se reducen a tres por fase», detalló Bardi.
La institución trabajará bajo dos modalidades: integrada e individual. La modalidad integrada agrupa el proceso completo en tres fases —factibilidad, otorgamiento de permisos y verificación— con una resolución por fase. Esta nueva forma de operar busca reducir significativamente los tiempos de espera.
Si bien antes un permiso podía tardar hasta 880 días, como lo documentó el informe Doing Business del Banco Mundial en 2019, ahora se espera reducir ese tiempo a unos 200 días. «Nuestra proyección es esa, pero depende también de la complejidad del proyecto. Hay iniciativas que requieren personal especializado, como ingenieros en energía atómica, y eso puede incidir», aclaró Bardi.
Uno de los principios fundamentales de la DOT es que, aunque se agilicen los trámites, se mantiene la rigurosidad técnica. «La seguridad de las personas, el cuidado de los recursos naturales, la protección del patrimonio cultural y la inclusión en la movilidad siguen siendo requisitos ineludibles para obtener los permisos», enfatizó.
La ley que da vida a la DOT también establece criterios claros sobre los proyectos que serán competencia de la institución. Solo aquellos mayores o iguales a 250 metros cuadrados serán evaluados por la DOT, mientras que las construcciones menores seguirán siendo tramitadas por las alcaldías. Este parámetro se estableció con base en evidencia: la mayoría de construcciones menores a ese metraje son de uso habitacional o remodelaciones menores, como ampliaciones o cambios estructurales en viviendas particulares.
Otra de las novedades es el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la gestión. La DOT ha desarrollado un sistema digital de permisos de construcción que permitirá una trazabilidad completa del trámite, acceso a documentos históricos, seguimiento de pagos y uso de firma electrónica certificada. Esto también permitirá reducir el uso de papel, alineándose con prácticas sostenibles y transparentes. Si los documentos se presentan en físico, la institución se encargará de digitalizarlos para integrarlos al sistema.
Es importante mencionar que todos los trámites que se realizan ante la Dirección son completamente digitales, no es necesario acudir a oficinas físicas. Desde la solicitud de permisos hasta la entrega de planos y documentos técnicos, todo el proceso está disponible a través de una plataforma en línea. Esto representa un avance significativo en eficiencia, transparencia y ahorro de tiempo para empresas y desarrolladores del sector construcción.
La DOT ya cuenta con respaldo de gremiales como Casalco, que ven con buenos ojos esta apuesta por la eficiencia y la certeza jurídica. También se prevé que la centralización de procesos y la mejora en los tiempos de respuesta se conviertan en un factor clave para atraer inversión extranjera, particularmente en un contexto nacional donde la seguridad ha mejorado de forma significativa en los últimos años.
En términos prácticos, los inversionistas ahora tienen la posibilidad de tramitar en un solo lugar todos los permisos que antes requerían consultas múltiples con diferentes instituciones. Incluso entidades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) seguirán otorgando permisos, pero ahora deberán solicitar pronunciamientos técnicos directamente a la DOT, reforzando el enfoque coordinado entre instituciones.
Finalmente, Paola Bardi destacó que la creación de la DOT no solo favorece al sector productivo, sino que también tiene un impacto directo en los salvadoreños. «Queremos construcciones seguras, sostenibles, que respeten el entorno, y que aporten a un mejor desarrollo urbano y territorial del país. Eso beneficia a todos», concluyó.
