El Salvador avanza en su posicionamiento como hub de innovación regulatoria en activos digitales a escala mundial, según coinciden José Rodríguez y Carlos Rivas, socios fundadores de Nodeman, firma legal especializada en el ecosistema de activos digitales y mercados de capital digitales que opera en la región centroamericana.
Para Rodríguez, el país ha construido un andamiaje institucional difícil de replicar en el corto plazo.
«La regulación proporciona seguridad jurídica y claridad tanto para inversionistas como para los operadores del ecosistema», señaló, en referencia al conjunto normativo que incluye la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), la Ley de Bancos de Inversión y la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos.
Según el abogado, en la medida en que la regulación está bien sistematizada, los participantes perciben madurez para tomar decisiones informadas y concretar planes de negocio e inversión.
Uno de los elementos que Nodeman considera diferenciador es la existencia de un regulador especializado. Rodríguez destacó que El Salvador ha establecido entidades como la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) y la Intendencia de Servicios Digitales de la Superintendencia del Sistema Financiero, lo que garantiza un conocimiento técnico enfocado en los mercados on-chain.
En cuanto al interés internacional, Carlos Rivas afirmó que entre la segunda mitad de 2025 y lo que va de 2026 la atención de jugadores relevantes de los principales mercados financieros hacia la jurisdicción salvadoreña «ha madurado de manera importante». Según el abogado, actualmente se están estructurando los primeros fondos de inversión tokenizados y ETFs tokenizados, proyectos que prevé tendrán resultados concretos en la segunda mitad de este año.
Rivas también advirtió que, pese a los avances, la barrera más grande en la región no es regulatoria sino cultural: «el escepticismo y la falta de entendimiento que sigue existiendo en los tomadores de decisiones, reguladores y sobre todo el sector financiero tradicional» frena el desarrollo de la industria en la mayoría de los países latinoamericanos.
En ese contexto, destacó que Argentina, Colombia, Bolivia y Brasil están diseñando marcos habilitantes, mientras que Honduras y Nicaragua mantienen una posición escéptica que eleva el riesgo para operadores e inversores.
Sobre el perfil del asesor legal que demanda este ecosistema, Rivas subrayó que el rol del abogado especializado debe parecerse cada vez más al de un «ingeniero legal»: una figura que combina conocimiento profundo de la regulación con comprensión nativa de las tecnologías de registro distribuido y de los modelos de negocio que estas habilitan. Para Nodeman, esa combinación es indispensable para asesorar correctamente a proyectos fintech que operan en múltiples jurisdicciones simultáneamente.
