La Superintendencia de Competencia (SC) intensifica su labor de control y prevención para resguardar la sana competencia en El Salvador. En entrevista con «Diario El Salvador», el superintendente Gerardo Henríquez detalló las acciones recientes: la sanción a dos empresas de seguridad por colusión en subastas públicas y el análisis en curso de la solicitud de concentración económica de Inversiones Cuscatlán Centroamérica sobre La Hipotecaria.
La SC impuso multas a dos compañías de seguridad privada tras acreditar un acuerdo anticompetitivo para manipular precios en procesos de subasta inversa. «Son multas disuasorias, $146,000 para cada una; no buscamos sacar a nadie del mercado, sino que se adecúen a las reglas del juego y que no lo vuelvan a hacer», afirmó Henríquez.
El caso se originó a partir de señales detectadas por unidades de compras públicas y la revisión de expedientes en el Ministerio de Economía y la Fiscalía General de la República. «Capacitamos constantemente a las UCP [unidades de compras públicas] y les damos un checklist de alertas; cuando ven algo raro, nos informan», explicó.
Entre los indicios que activan las alarmas, mencionó coincidencias sospechosas en direcciones, formatos idénticos y ofertas prácticamente iguales. «En algunos casos, las ofertas han sido hasta el centavo, idénticas», dijo.
«El mayor daño es que el Estado termina pagando precios supracompetitivos; a nivel internacional se estima un sobreprecio cercano al 25 % cuando hay acuerdos de este tipo», señaló.
La resolución no solo impuso sanciones, también ordenó cesar la práctica anticompetitiva. De cara a la gestión futura, el superintendente subrayó que las instituciones contratantes pueden iniciar procedimientos de inhabilitación. «No podemos deshacer lo ya ejecutado, pero a partir de nuestra sentencia las entidades públicas pueden inhabilitar a estas empresas conforme a su normativa», indicó.
Añadió que la coordinación interinstitucional es clave: «Nuestros primeros ojos son las unidades de compras públicas de todo el Estado, incluidas municipalidades».
En paralelo, la SC analizó la solicitud de concentración de Inversiones Cuscatlán Centroamérica para adquirir La Hipotecaria Holding. Según Henríquez, se realizó un examen técnico, económico y jurídico con enfoque prospectivo. «Evaluamos cuántos participantes hay, qué barreras existen y qué pasaría tras la operación; nuestro objetivo final es la eficiencia de los mercados y el bienestar del consumidor», explicó.
Aunque La Hipotecaria está especializada en crédito de vivienda, el superintendente resaltó que el sistema ofrece alternativas suficientes: «Hay entre 12 y 16 jugadores que pueden responder ante cualquier variación; si alguien sube tasas, el consumidor puede migrar a otro proveedor».
El funcionario adelantó que, tras estudiar el caso, se concluyó que no representa un deterioro significativo de la competencia. «En alguna medida consolidaría un segundo lugar, pero mínimamente; no alcanzaría al primero y hay competidores que empujan desde abajo», apuntó.
Además, los contratos existentes deben respetarse: «Usted pasa a otra institución con su contrato vigente; si al vencer le suben la tasa, puede cambiarse a otro banco con mejores condiciones».
De fondo, Henríquez insistió en el hilo conductor de ambas actuaciones: proteger el uso eficiente de los recursos públicos y el dinamismo del sistema financiero. «Queremos mercados más competitivos, con reglas claras y beneficios tangibles para la población», subrayó. El análisis de la concentración se resolvió dentro del plazo legal.
«La Ley de Competencia nos fija hasta 90 días hábiles para decidir; trabajamos para que cualquier operación contribuya a la eficiencia económica sin afectar al consumidor», concluyó.
