El presidente Donald Trump firmó el 19 de mayo una orden ejecutiva que establece como política de Estado la integración de los activos digitales y las tecnologías financieras innovadoras en los servicios financieros tradicionales y los sistemas de pago de Estados Unidos.
El documento instruye a los reguladores financieros federales —entre ellos la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda— a revisar en un plazo de 90 días sus regulaciones, directrices y prácticas de supervisión con el fin de identificar barreras que obstaculicen la operación de las empresas de tecnología financiera, en particular las pequeñas y emergentes.
La orden argumenta que la regulación actual es «excesivamente onerosa y fragmentada» y que beneficia principalmente a las instituciones financieras ya establecidas, en detrimento de la competencia y la innovación. Como resultado de esa revisión, los reguladores tendrán un plazo de 180 días para adoptar medidas concretas que fomenten la innovación fintech.
La Reserva Federal, en el centro del debate
El punto más relevante del documento es la instrucción dirigida a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. La orden solicita formalmente a la Fed que realice una evaluación exhaustiva del marco legal y regulatorio que rige el acceso a las cuentas de pago y los servicios de los Bancos de la Reserva por parte de instituciones depositarias no aseguradas y empresas financieras no bancarias, incluyendo aquellas que operan con activos digitales.
En un plazo de 120 días, la Reserva Federal deberá presentar al presidente un informe con sus conclusiones, opciones y recomendaciones. La evaluación deberá analizar la autoridad legal de la Fed para extender el acceso directo a su infraestructura de pagos a este tipo de empresas, los impedimentos legales existentes y las posibles vías legislativas o reglamentarias para superar esos obstáculos.
Además, la orden plantea una pregunta de fondo sobre la arquitectura del propio sistema: si cada uno de los 12 Bancos de la Reserva Federal tiene autoridad para actuar de forma independiente al otorgar o denegar acceso, y qué mecanismos existen para garantizar evaluaciones consistentes entre ellos.
En caso de que la Reserva Federal determine que la ley vigente ya permite ampliar ese acceso, la orden le solicita establecer procedimientos de solicitud transparentes y resolver las solicitudes completas en un plazo máximo de 90 días.
Un marco más amplio pro-cripto
La orden se enmarca en una serie de medidas adoptadas por la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato en favor de la industria de activos digitales, que incluyen el establecimiento de una reserva estratégica de bitcoin y la instrucción a agencias federales de eliminar lo que la Casa Blanca ha denominado una política de «debanking» contra empresas del sector cripto.
Con esta nueva directiva, la administración busca posicionar a Estados Unidos como líder global en innovación financiera digital, abriendo la infraestructura de la Reserva Federal a un ecosistema que hasta ahora operaba al margen del sistema bancario tradicional.
