Después del conflicto armado entre la guerrilla del FMLN y el Gobierno, en la década de los ochenta, la Fuerza Armada ha sido la institución que más ha cumplido los Acuerdos de Paz. Pero, más que eso, ha sido la institución que más ha aportado a la hora de enfrentar tragedias y desastres naturales. Los soldados fueron los primeros en llegar, junto con los cuerpos de socorro, a los afectados por los terremotos de 2001, a las víctimas por el huracán Mitch, a los habitantes de la colonia Santa Lucía que sufren por las inundaciones constantes, a los salvadoreños que se quedaron sin ingresos por el confinamiento debido a la pandemia, y ahora los vemos en primera línea auxiliando a las familias que perdieron a sus seres queridos y sus viviendas en el cantón Los Angelitos, de Nejapa.
En tiempos de paz, la Fuerza Armada ha mostrado su valía como el brazo de auxilio del pueblo salvadoreño. Es la mano extendida para sacar de la desgracia a cientos de miles de personas. Además de garantizar la integridad del territorio nacional, la Fuerza Armada tiene un papel activo en la sociedad, auxiliando y estando presente en los momentos más difíciles. Y no porque haya necesidad de usar las armas, sino porque es un cuerpo disciplinado que trabaja bajo presión en las condiciones más adversas.
Por eso vemos a los efectivos también apoyando, no dirigiendo, las tareas de seguridad pública, en total coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), para aumentar aún más la cobertura del Plan Control Territorial.
Esto ha ayudado a que ahora tengamos las cifras más bajas de homicidios después de los Acuerdos de Paz. Por todas estas razones, parece incomprensible que ahora los diputados aprueben una ley que busque sacar del esquema de atención de emergencias a las Fuerzas Armadas. Diputados de la oposición señalan que los cercos sanitarios son «cercos militares» y que el resguardo de los puntos ciegos en las fronteras se trata de una «militarización» de los pueblos fronterizos. El papel de la Fuerza Armada ha sido disuasivo y en colaboración con la Policía, por lo que estas acusaciones son infundadas y revelan, más bien, intereses ocultos de quienes se oponen al despliegue de los hombres de verde olivo.
En la nueva ley hay una disposición que prohíbe que los militares entreguen ayuda alimentaria a los salvadoreños afectados por la COVID-19. ¿Se aplicaría eso en estos momentos a los damnificados en Nejapa? ¿Sacaría a los militares de las labores de rescate en la zona, cuando se sospecha que todavía hay decenas de ciudadanos soterrados? ¿Tiene una alcaldía, cualquiera de las 262, el personal y la maquinaria suficiente para enfrentar desastres naturales de gran magnitud? En momentos como este, la nación agradece tener la Fuerza Armada que tiene, y toma nota de aquellos que tratan de negar su valía y trascendencia.
