El proceso judicial en contra de la empresa Gumarsal y sus propietarios por supuesto lavado de dinero comenzó a ser mediatizado por la revista Factum, financiada en sus inicios por el empresario Adolfo Salume, «casualmente», competidor en el mercado de las harinas, denuncia la defensa.
En la trama está al centro Héctor Silva Ávalos, ex periodista y ex diplomático, quien recientemente fue separado de Factum porque sus antiguos compañeros comprobaron, año y medio después de supuestamente una investigación interna, que su fundador les había ocultado su relación con «Fito» Salume y que recibió sobresueldos cuando tenía el cargo de jefe de misión adjunto en la Embajada de El Salvador en Estados Unidos (2009-2012) y asesoraba comunicacionalmente al entonces presidente Mauricio Funes.
Silva Ávalos calzó su firma en numerosos artículos en Factum en contra de Juan Umaña Samayoa, Wilfredo Guerra Umaña, Romelia Guerra Argueta, Miriam Haydee Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira Guerra, accionistas de Agroindustrias Gumarsal, relacionándolos con el Cartel de Texis.
«El motivo por el cual la Fiscalía General de la República inició el proceso penal y el de extinción de dominio en contra de Agroindustrias Gumarsal y sus accionistas fue la existencia de intereses subyacentes que movieron el aparate estatal de la administración de justicia para promover una serie de procesos judiciales, en contra de los accionistas, administradores y representantes legales de las empresas del grupo Gumarsal», dice un documento preparado por la defensa.
El escrito añade que por medio de esa maniobra se logró «lo que se conoce como ´instrumentalización de la justicia´, colocándola al servicio de los intereses económicos privados de un grupo empresarial dirigido por Adolfo Salume Artiñano, quien posee contactos y relaciones políticas, económicas y de amistad con prominentes figuras políticas, económicas y de amistad con prominentes figuras públicas nacionales y extranjeras».
El propósito de Salume era doble, según el argumento legal: primero, sacar del mercado de las harinas a su mayor competidor nacional y recuperar su posición dominante; y, segundo, castigar en el camino a las empresas del grupo Gumarsal.
Para ello, afirman los defensores, uso a Factum y a su otro medio digital www.diario1.com para «manchar el nombre de los señores Wilfredo Guerra Umaña y Juan Samayoa, así como de las empresas del grupo Gumarsal, vinculándolas mediáticamente con dicho cartel».
Antes de que Salume lograra que la Fiscalía judicializara el caso, el entonces representante legal de Gumarsal, Wilfredo Guerra Umaña, denunció en julio de 2016 que las constantes acusaciones de Salume, a través de su empresa Molinos de El Salvador (MOLSA), estaban causando perjuicio económico, porque los bancos les estaban negando acceso a productos y servicios financieros.
Silva Ávalos fue demandado por difamación por Enrique Rais, por publicaciones en Factum que vinculaban a uno de sus aviones con rastros de cocaína en Estados Unidos. Rais acusó a Salume de estar detrás de los casos en su contra.
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El ex periodista fue defendido en ese proceso por el abogado catalán-salvadoreño Arnau Baulenas, quien funge como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Baulenas, a su vez, ha aparecido como defensor de Carlos Martínez, un editor del medio digital El Faro señalado por acoso sexual e intento de violación en una compañera de trabajo en una casa en el lago de Coatepeque.
Este abogado también es parte de la defensa de Regina Cañas, conocida como «Tía Bubu», ex esposa del prófugo ex mandatario Mauricio Funes, quien este martes fue condenada a tres años de prisión al haberse sometido a un proceso abreviado por lavado de dinero.
