El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que luego del anuncio de incremento del 20% del salario mínimo por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, han realizado más de 30,000 inspecciones de precios a los productos de la canasta básica a escala nacional.
Salazar indicó que, a fecha, los precios se mantienen estables y en algunos casos hasta reportan bajas. «Desde la semana pasada nos encontramos en un esfuerzo a efecto de poder evitar una especulación de precios, de acaparamiento de comerciantes que puedan aprovecharse».
El funcionario explicó que en esta administración para acelerar las fiscalizaciones han modernizado el sistema de verificación de precios, agregó que el mecanismo es ágil y eficiente que les ha permitido capturar la información en el menor tiempo posible.
Salazar detalló que las verificaciones se han extendido también a los productos agrícolas, y supervisión en aduanas.
«La Defensoría del Consumidor advierte que, en caso de identificar incremento arbitrario de precios o restricción de venta de productos en el mercado nacional, actuará y perseguirá las prácticas ilegales con todos los recursos legales que le permite el marco jurídico vigente», reiteró Salazar.
Asimismo manifestó que el monitoreo periódico de precios de los productos básicos les permite determinar o establecer prácticas abusivas como utilización de maniobras o artificios para la consecución de alza injustificada de precios de artículos de primera necesidad, conforme el artículo 18, literal h, de la Ley de Protección al Consumidor(LPC), advirtió que dicha práctica constituye infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 44, literal e, de la LPC, que puede ser sancionada hasta con 500 salarios mínimos mensuales en la industria.
«En caso de detectarse prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores, se activará el procedimiento sancionatorio con todo el rigor de la ley, y se coordinará con la Fiscalía General de la República, a efecto de que se persigan de oficio las conductas y prácticas que pudieran constituir delitos relativos «al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor» corno el acaparamiento, agiotaje o la propalación falsa, según los artículos 236 y 237 del Código Penal», enfatizó Salazar.
