La Defensoría del Consumidor informó que en los tres años de Gobierno ha recuperado alrededor de $57.2 millones, cifra récord en comparación que representa el 54 % de lo que se ha recobrado en la historia de la institución, en beneficio del bolsillo de los salvadoreños.
«Es una cantidad importante y es el resultado de una institución que ha logrado acercarse más a la población. El año pasado brindamos atención a escala nacional, y en 2022 seguimos apoyando a los salvadoreños por medio de la Defensoría en Línea, la atención virtual y el Call Center», indicó el presidente de la DC, Ricardo Salazar.
Solo en el sector inmobiliario, la institución ha apoyado a más de 5,284 familias y recuperado un monto de $17.4 millones. Agregó que, del monto recuperado, $1.5 millones corresponden a casos individuales y $15.9 millones a casos colectivos.
En total, en ese sector, ha brindado 5,000 atenciones por diferentes motivos, que se traducen en más de 628 denuncias tramitadas y 584 de ellas cerradas, detalló Salazar.
«En los casos de inmobiliarios atendemos problemáticas de incumplimiento de contrato de oferta, que es cuando los proveedores no cumplen los valores pactados con los usuarios», explicó el titular.
La Defensoría también atiende solicitudes de publicidad engañosa, en las cuales las empresas dan a conocer a los consumidores ciertas características o condiciones de los inmuebles y al ser adquiridos no están ambientados de esa forma.
Sobre la no entrega de escrituras, Salazar dijo que han tenido situaciones de empresas que no están cumpliendo el compromiso con el consumidor, ya que luego de haber cancelado las cuotas no les entregan los títulos de propiedad. En esos casos, los afectados pueden acudir a la institución y poner la denuncia.
«El no recibir el título de propiedad representa una inseguridad jurídica para los consumidores, ya que es su patrimonio. Los consumidores tienen derecho a desistir si ya no desean proceder a la compra de una vivienda. Hay un porcentaje del 12 % que debe ser retribuido al proveedor; pero muchas veces estos quieren el 100 %», afirmó el funcionario.
Señaló la importancia de la reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos que ayudará a frenar las prácticas abusivas por parte de los proveedores o empresas inmobiliarias al hacer desalojos.
Por otra parte, dijo que las empresas o lotificadoras que incumplan serán sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos, así como acciones que tengan que ver con amenazas o desalojo de forma arbitraria.