El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó ayer que en los últimos cinco meses han enviado a más de 260 empresas de diversos rubros, como a las dedicadas a la importación o fabricación de alimentos o puntos de ventas mayoristas, a procesos de investigación por incrementar precios.
«Actualmente están a través de requerimientos de información, y nuestros elementos validando que los incrementos de precios que se han presentado tengan alguna justificación. Ya tenemos en el tribunal sancionador 45 casos que fueron presentados por incrementos justificados como resultado de estos análisis, 35 de ellos ya fueron admitidos y esto demuestra que existen suficientes elementos para poder establecer sanciones que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos», mencionó el funcionario.
Salazar añadió que hasta la fecha como parte de las medidas anti-inflación se han realizado más de 102,500 inspecciones de precios a diversos rubros a nivel nacional, todo con el propósito de evitar abusos y que se afecte el bolsillo de los salvadoreños.
«Del total 67,000 corresponden al rubro de alimentos», explicó el funcionario.
Salazar destacó que otro esfuerzo importante «lo hemos realizado en materia combustible, se han realizado 32,00 verificaciones a nivel nacional y más de 3,500 en coordinación con Agricultura sobre insumos agrícolas».