Tras la presentación del paquete de reformas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) presentado por las autoridades del Ministerio de Economía (Minec) y la Defensoría del Consumidor el pasado domingo, los diputados de la Asamblea Legislativa han dado celeridad al análisis de los 60 artículos.
La propuesta comprende 43 modificaciones y 17 incorporaciones a la normativa creadas para regular sectores que actualmente no están contemplados en la ley, según lo informó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar.
El funcionario ha señalado que la propuesta, que responde a las 11 medidas anticrisis lanzadas el 10 marzo por el presidente Nayib Bukele, amplía el marco de actuación regulatoria de la Defensoría del Consumidor para garantizar la protección del bolsillo de los salvadoreños.
«Estamos incorporando nuevos sectores, estamos incorporando nuevas competencias, nuevos derechos y nuevas obligaciones de parte de los proveedores», apuntó.
Las reformas abarcan regulaciones para diversos sectores comerciales como por ejemplo el financiero, en donde se propone la reducción de comisiones y una reestructuración de forma de calcular intereses, principalmente en materia moratoria. Además, analizan controles en materia de comercio electrónico y compras realizadas por catálogo, tarjetas de regalo y garantías.
Entre ellas, Salazar, destacó que esta modificación atiende una de las principales quejas de la población, la imposición de propina por parte de los restaurantes.
«En el caso de la propina estamos regulando la relación comercial entre el proveedor y el consumidor», dijo el funcionario y aclaró que en este momento se trata de un cobro que actualmente no es obligatorio.
Pese a ello, esta imposición está siendo cobrada por costumbre por los comercios, lo cual no es legal debido a que «viene a ser un mecanismo que el consumidor tiene de consentir previamente».
«Los problemas que estamos encontrando se refieren a un servicio que no es anunciado en cuanto al cobro y la cantidad. Tenemos casos en los que se está cobrando 15 % y hasta 20 %, y la sorpresa de muchos de que tienen que pagar una propina que no ha sido previamente informada», remarcó.
En este sentido, Salazar anunció que las reformas van encaminadas a establecer un techo del 10 % a las propinas, que los proveedores estén obligados a anunciarla, además que se creará la figura de contraprestación para que un usuario insatisfecho con el servicio pueda solicitar la nulidad del cobro.
Asimismo, señaló modificaciones en la manera en la que gestionan los cobros por parqueo iniciando por establecer un periodo exonerado de cobro de 30 minutos en los negocios cuyo giro comercial no sea ofrecer parqueo, como los centros comerciales, hospitales u otros locales.
Agregó que se legislará para que los cobros se realicen por tiempo efectivo y no por hora o fracción como se hace en la mayoría de los estacionamientos, es decir que si una persona deja su vehículo por 15 minutos ese será el monto que tendrá que cancelar y no el costo por una hora.
A su vez, a partir de las reformas los proveedores del servicio serán responsables del resguardo de los vehículos y la obligatoriedad de que en situaciones de emergencia de abrir las puertas del establecimiento indistintamente de que se haya pagado el servicio.
MULTAS
Por otra parte, el funcionario informó que con las reformas se incorporan la creación de 13 nuevas sanciones cuyo cobro máximo será de hasta 500 salarios mínimos.
Sobre esto Salazar señaló que, el paquete de reformas también incorpora que las multas que sean impuestas pasen a formar parte del patrimonio de la Defensoría del Consumidor.
«Esta importante reforma nos permitirá tener los recursos suficientes para mantener una actividad y una actuación sobre todo eficiente, efectiva, amplia y que nos permita continuar con nuestro papel», dijo.
