Las autoridades de la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Economía (Minec) presentaron, el domingo, ante la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la ley que procura los derechos de los salvadoreños ante la adquisición de productos y servicios.
Los ámbitos que comprende la reforma son: la ampliación de derechos, obligaciones a proveedores, fortalecimiento de la protección de derechos económicos, dotar de nuevas herramientas de vigilancia del mercado y ampliar el catálogo del marco de infracciones y definición de prescripción, informó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar.
«Como Gobierno estamos atendiendo esta situación de crisis, de altos precios que venimos enfrentando, es una situación que tenemos que atender y esto implica reforzar los esquemas de vigilancia y viabilizar medidas que tienen un impacto económico», expuso el funcionario.
En este sentido, explicó que la reforma escala a más de 60 artículos, de los cuales unos 40 serán modificados y el resto serán creados para dar nuevas herramientas al Estado de mediar en acciones comerciales que, a la fecha, no se encuentran reguladas.
Entre las novedades, Salazar, explicó que se propone la creación de la figura del delegado encubierto, un empleado estatal dedicado a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los proveedores sin necesidad de identificarse previamente como lo establece la ley actualmente.
Asimismo, el presidente de la Defensoría indicó que las reformas buscan que la institución pueda solicitar allanamientos de manera directa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ya no haya necesidad de gestionarlo a través de la Fiscalía General de la República.
«De esta manera ganamos tiempo, ganamos oportunidad y nos volvemos eficientes en el trámite. Esto es muy importante a efecto que podamos garantizar que los mercados estén exentos de especulación de precios, acaparamiento y otras irregularidades», dijo.
Agregó que, el paquete también incorpora reformas para regular prácticas que atañen a servicios como cobros en parqueos, irregularidades en el uso de tarjetas de regalo y cobros de propina.
Las modificaciones legales también contemplan irregularidades dentro del sector financiero como la aplicación de cobros duplicados y las comisiones por servicios inherentes a la actividad bancaria como el desembolso o análisis de créditos.
En este sentido, el viceministro de Economía, Mario Salazar, coincidió en que las enmiendas dotarán a la Defensoría de nuevas herramientas de vigilancia de mercado.
«Desde el Gobierno estamos impulsando estas reformas, como iniciativa del presidente Nayib Bukele para contrarrestar los abusos de algunos proveedores hacia el bolsillo de los salvadoreños», consideró.
Las enmiendas solicitadas surgen tras el lanzamiento de las 11 medidas que anunció Bukele para brindar alivio a la economía de los salvadoreños ante la situación de crisis económica que se vislumbra ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. La comisión de Economía del Congreso será la encargada de estudiar la propuesta.