La ciudad de San Miguel cuenta con un aproximado de 245 inmuebles con valor cultural, considerados patrimonio nacional protegido por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.
Cuando los propietarios de estas edificaciones desean hacerles modificaciones o demolerlas, deben solicitar previamente una evaluación por parte de las autoridades y esperar la respuesta.
Actualmente, en el centro histórico de la Perla de Oriente se puede observar alrededor de siete viviendas consideradas antiguas por su diseño arquitectónico que están a punto de derrumbarse. Son edificaciones que no tienen techo y que se deterioran durante la época de lluvias.
Pero el que estén sin techo no es fortuito. Muchos propietarios deciden tomar acciones con el fin de modificar o reconstruir las edificaciones sin tener que pasar por el debido proceso legal. Una de las medidas es quitarles el techo a las viviendas para que se deterioren, o provocar incendios para poder demolerlas sin repercusiones por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural.
«El problema de la vulneración de inmuebles se da por diversas razones, una de las principales es la idiosincrasia del salvadoreño que vive de la premisa que es mejor pedir perdón que pedir permiso o que es mejor pagar la multa», afirma Eva Hernández, jefa de la Unidad de Inspecciones y Autorizaciones de la Dirección de Bienes Culturales Inmuebles y Gestión Urbana.
La funcionaria agrega que otra razón para la destrucción de los inmuebles culturales es la falta de identidad, pues el dueño no reconoce su propiedad como parte del «tesoro cultural salvadoreño», por lo que decide violentar el patrimonio para construir algo más «bonito o llamativo».
Rolando Alirio Mena, historiador de San Miguel, considera que la vulneración a estas edificaciones se debe a que muchos no desean invertir para restaurarlas.
«Las viviendas son de adobe, y con ese material se filtra el agua, por lo que las viviendas se van deteriorando poco a poco, haciendo que ellas solas se destruyan. La gente no quiere invertir, prefiere que el edificio se caiga o vender la propiedad antes que restaurarla», afirma Mena.
Por otra parte, existe cierto desconocimiento del marco normativo y del tipo de trámites a realizar para intervenir los inmuebles con valor cultural. Hernández agrega que la destrucción del tesoro cultural se debe al trabajo «divorciado» de instituciones que norman el territorio, ya sean las alcaldías municipales u oficinas de planificación, que en ocasiones otorgan permisos sin contar con la autorización del Ministerio de Cultura. Además de la falta de leyes que regulen la protección de los bienes culturales y la identidad cultural del país.
En el centro histórico de San Miguel hay edificaciones con arquitectura tradicional compuesta de materiales y sistemas constructivos de tierra, madera y lámina.
Para modificarlas, los propietarios deben solicitar una autorización no solo porque así se establece en la ley, sino para garantizar la estabilidad de dichas estructuras, ya que están propensas a colapsar, y con un proyecto inadecuado se pondría en riesgo la vida de sus ocupantes o transeúntes.
Según la Direccion Nacional de Patrimonio Cultural, si bien es cierto que un inmueble identificado con valor cultural debe intervenirse buscando su preservación, eso no significa que los propietarios no puedan o deban hacer remodelaciones; en cada caso, se analizan las condiciones y se otorgan los debidos permisos.
Este año muchos ciudadanos migueleños denunciaron el peligro que representa una vivienda en la 1.ª avenida norte y 6.ª calle poniente, que está a punto de colapsar adebido a la filtración de agua. Temen que al derrumbarse resulten lesionados residentes, transeúntes o vendedores.
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