En México (y no dudo de que en muchas otras partes del mundo), a mi generación y a las que nos preceden, los múltiples gobiernos nos han arruinado laboralmente. En 2012, el Gobierno de Felipe Calderón reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT): se introdujo la subcontratación como régimen laboral. A partir de ese momento, quedamos supeditados a «prestar nuestros servicios profesionales o técnicos» a una empresa por un tiempo determinado mediante un tercero, «el contratista». Esto rompió, sin duda, con los derechos dispuestos en el artículo 123 de la Constitución: un salario competente, una jornada de trabajo digna, seguridad social y estabilidad laboral. Asimismo, se omitió el pago del reparto de utilidades y se incumplieron obligaciones fiscales por parte de las empresas. En 2020, el actual Gobierno propuso regular las condiciones de la subcontratación y de las contratadoras.
No obstante, actualmente hay más de 4 millones de trabajadores mexicanos contratados bajo ese régimen y empresas extranjeras que violan los derechos de sus empleados, como el caso de la mina San Rafael, que no ha sido atendido correctamente. Si esas situaciones resultan indignantes, este sentimiento se potencia al saber que el mismo Gobierno mexicano se vale de la subcontratación e, internamente, comete abusos contra sus empleados, tales como jornadas de 15 horas y la inexistencia de prestaciones sociales. El pasado 5 de marzo, Ana Gaitán denunció su experiencia en la Conavim. Días después, un conocido mío renunció a su trabajo en el Gobierno por las mismas razones. Lo más deplorable de todo esto es que el Gobierno disfrace estas condiciones indignas con la idea de que «se está haciendo un servicio a la patria».
Si bien en ambos casos se enfatizaba este servicio, hace una semana renuncié —junto con otras personas— a un proyecto gubernamental porque justificaron sus condiciones laborales bajo la premisa de que «era un servicio para la 4T». Tal como nos mencionó Marx Arriaga informalmente en WA, el proyecto consiste en la reelaboración de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de nivel primaria en dos meses, para evitar que las ideas elitistas y añejas siguiesen adoctrinando a nuestros infantes (como si este proyecto no estuviera destinado a lo mismo: un verdadero LTG contemplaría la condición multinacional de México). Para ello, convocaron a miles de personas expertas en distintas áreas para que participaran «libremente»: no se les pagará un solo peso a pesar de que invertirán su tiempo y sus recursos. Solamente se les brindará una constancia, mientras el responsable de la comisión percibe un buen salario y es acusado de corrupción.
Todo esto es una burla: ¿por qué, si el Gobierno busca corregir la LFT, se maneja irresponsablemente hacia sus trabajadores y colaboradores? Si desean hacer un proyecto, tal como menciona Giselle Camacho, ¿dónde está su presupuesto destinado? ¿No se dan cuenta de que carecen de una estrategia eficaz y transversal? A este paso se trabajará sin percibir un salario justo bajo la premisa del «amor a la nación». ¡Ah, es cierto! Las universidades mexicanas ya están ejecutando este esquema: muchos de sus profesores de asignatura no han percibido un solo peso desde que comenzó la pandemia, otros ganan un sueldo que ni alcanza para la renta y sus profesores adjuntos trabajan para fines curriculares.
