La extensión automática de los documentos de autorización de empleo (EAD, siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2022, del Estatus de Protección Temporal (TPS), representan 15 meses de respiro y un alivio para la beneficiaria salvadoreña Cristina Morales.
Pero su meta es la residencia permanente, la cual exigirá al presidente Joe Biden con el mecanismo de reconciliación del paquete presupuestario de $3.5 billones como única alternativa ante el estancamiento de la reforma migratoria y la H.R.6 Ley de Promesa y Sueño Americano.
Morales, junto con su hija, Crista Ramos (de 17 años), es una de las 14 demandantes en el caso de Ramos versus Mayorkas (antes Nielsen), con el que han batallado por tres años para salvaguardar el TPS, luego de que el expresidente Donald Trump intentó poner fin al proyecto que ampara a migrantes salvadoreños desde 2001 y el cual les ha permitido trabajar legalmente en el país. «Vivo en Estados Unidos desde los 12 años, esta ha sido mi casa. Hemos estado con permiso tras permiso bajo la administración de republicanos y demócratas.
El TPS se volvió parte de nuestras vidas», dijo Morales. El caso se encuentra en proceso de mediación y mientras no haya un veredicto final de parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, ubicada en San Francisco, California, los migrantes con TPS no pueden ser deportados.
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Ahora, con la autoextensión solo deben presentar el documento publicado desde el 10 de septiembre por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lo antes posible, para actualizar el permiso de trabajo hasta diciembre de 2022.
Morales recomendó no esperar hasta el 4 de octubre de 2021, que era la fecha de expiración del último aplazamiento. Con los 15 meses sobrevivirán, como lo han hecho por 20 años, pero Morales se unirá el próximo 20 de septiembre a la marcha organizada por la Alianza Nacional TPS, en Washington, frente al Capitolio, para continuar luchando por la residencia permanente tal como lo prometió el presidente Biden cuanto tomó el mando del Ejecutivo en enero.
«Estamos con una nueva administración, no quiere decir que sea mejor o que estamos confiados porque todavía no tenemos un veredicto», señaló. «Todo puede suceder en estos 15 meses», apuntó. Con una reforma migratoria con camino a la ciudadanía, propuesta por el Gobierno demócrata, paralizada, al igual que la iniciativa de la H.R.6 impulsada por un grupo de congresistas, la única opción de los migrantes es la aprobación por medio de la estrategia de reconciliación, es decir, del voto de 50 senadores más el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris.
Esto en el proyecto de ley de infraestructura con un paquete presupuestario de $3.5 billones que incluye el estatus de residencia para inmigrantes no solo del TPS, sino de los llamados soñadores y los trabajadores esenciales.
Que los demócratas avalen este proyecto representará un futuro seguro junto a su hija, especialmente ahora que se encuentran «en otra etapa de sus vidas», pues está aplicando a las universidades de Estados Unidos para estudiar ciencias políticas, con el objetivo de convertirse en abogada. «Me siento fuerte para seguir en la lucha, porque creo en este país que ha sido fundado por inmigrantes», señaló.
