En la democracia, los gobernantes son electos mediante el voto igualitario y directo de todos los ciudadanos en goce de sus derechos. Es la voluntad popular en las urnas la que termina definiendo quién será el presidente, los diputados y alcaldes. Y los salvadoreños tuvieron la oportunidad de mejorar el sistema político en las dos últimas elecciones, al decidir, de manera mayoritaria, una renovación.
Durante décadas, los salvadoreños padecieron un fraude, pues a pesar de votar por el cambio, los políticos, ya puestos en el poder, lo único que hicieron fue dedicarse a saquear el Estado, mejorar sus condiciones personales y entregar negocios a los grupos fácticos que los patrocinaron.
Esta es la razón por la cual hay resistencia: aquellos que perdieron sus privilegios logrados con base en la compra de voluntades reclaman volver al estado anterior de cosas, a los tiempos de «gobernanza y entendimiento», que no es sino otra forma de llamarles al soborno y al tráfico de influencias.
Esta semana, en la última sesión parlamentaria del año, vimos cómo la nueva Asamblea Legislativa mantuvo su apuesta por el combate a la corrupción, al elegir a Rodolfo Delgado como fiscal general de la república. Durante los meses que sustituyó en el puesto al destituido Raúl Melara (un activista de ARENA al servicio de los grupos de poder), Delgado demostró tener la fuerza y la determinación para procesar la corrupción que sus predecesores prefirieron ignorar e incluso avalar.
También se aprobó una histórica ley del agua, que estuvo 15 años relegada por políticos más interesados en los beneficios de sus financistas que en garantizarle el servicio de agua de calidad a la mayoría de los salvadoreños.
Los diputados también mantuvieron el subsidio al transporte público de pasajeros, pero no como una dádiva para los dueños de autobuses, sino como un aliciente para que mantengan en buenas condiciones sus unidades, las lleven a controles y renueven una vez que terminen su vida útil.
No se trata, como sucedía en los gobiernos de ARENA y del FMLN, de transferir fondos públicos que terminaban enriqueciendo a un pequeño grupo de inescrupulosos.
Los ciudadanos tienen el derecho a tener transporte digno y un servicio eficiente de agua potable. Gracias a los esfuerzos de la nueva Asamblea Legislativa es algo que está en marcha. Y todo esto no habría sido posible si antes los salvadoreños no hubieran decidido, de manera firme y contundente, quitar los lastres del pasado para apostarle a un futuro con más progreso, prosperidad y desarrollo.