Los intereses personales de los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de algunos jueces fueron el motivo para que no se emitieran resoluciones de Hábeas Corpus solicitadas por Enrique Rais; así consideran los defensores del empresario.
Los cinco exmagistrados Marina de Jesús Marenco de Torrento, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Aldo Enrique Cáder Camilot y Óscar Armando Pineda Navas, todos destituidos por la nueva Asamblea Legislativa, fueron denunciados por los abogados del empresario el viernes anterior ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Los cinco exfuncionarios son denunciados por incumplimiento de deberes y atentados relativos al derecho de igualdad.
Los defensores consideran que la Sala retardó injustificadamente al emitir resoluciones respecto de solicitudes presentadas en 2018, pasados pocos meses de que los exmagistrados tomaran posesión de sus cargos, y que «fueron promovidas para demostrar que el empresario se encontraba ilegal y arbitrariamente restringido en su derecho de libre circulación».
«Hay intereses ocultos. La anterior Sala tenía una agenda y claras intenciones de no resolverle a nuestro cliente, así como de muchas otras personas, sino de intereses particulares y corporaciones», dijo el jurista Carlos Miranda.
Los abogados demandantes aseguran que los intereses particulares del exmagistrado Sánchez Escobar motivaron a dilatar la resolución, debido a que sabía que dictar una sentencia a favor habría incurrido en aceptar haber cometido ilegalidades cuando era parte de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, en 2017; en ese entonces decretaron orden de detención provisional a Rais, validando ciertas escuchas telefónicas que «no tenían vinculación con el empresario y habían caducado».
El defensor de Rais asegura que hubo otros casos en la Sala que «llegaron después y sí se resolvieron. No cumplie-ron con su deber de resolver en el plazo razonable».
Los señalamientos hechos por los abogados defensores del empresario Rais coinciden con los planteamientos de los diputados que impulsaron la destitución de los anteriores magistrados.
«Inobservaron la obligación bajo la cual manifes-taron su compromiso con cumplir y hacer cumplir la Constitución», «categorización de casos a resolver, por prioridades vinculadas a criterios políticos y económicos» y «distanciamiento de criterios jurisprudenciales», fueron algunos causales que llevaron a los legisladores a remover a los funcionarios de la Sala.
