Treinta personas que residen en diferentes sectores de la zona oriental se reunieron en la cancha Álvarez, de San Miguel, luego de que fueron citados por el Juzgado Primero de Instrucción de esa ciudad para celebrar la audiencia de conciliación, la cual fue suspendida y aseguran que no fue notificada a las víctimas.
Los afectados solicitan al juez que agilice el caso de estafa en el que están involucrados un abogado y su hijo.
Las víctimas expresan que las empresas captaban fondos y ofrecían altos intereses, pero hubo un momento en el que ya no los pagaron, y cuando los depositantes exigieron su dinero, no lo devolvieron.
De acuerdo con la información proporcionada por las víctimas, Óscar Godofredo Carranza Posada, quien era abogado y tenía su despacho jurídico en la ciudad migueleña, otorgaba préstamos a cambio de prendas hipotecarias por parte de los interesados.
Según una fuente del Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel, la audiencia fue suspendida desde la semana pasada, ya que el abogado defensor de uno de los imputados presentó pruebas de que uno de los acusados dio positivo a la COVID-19.
«Lo que entiendo es que no alcanzaron a notificarles a todos, porque son como 280 personas», dijo una fuente judicial.