Al menos 53 agresores sexuales han sido condenados en los últimos tres meses por delitos como violaciones, agresiones y abusos sexuales en perjuicio de menores de edad.
Según datos compartidos por la Fiscalía General de la República (FGR), las condenas oscilan entre los 12 hasta los 61 años de cárcel y fueron emitidas durante el período comprendido entre el 11 de abril al 17 de julio de 2024.
Los crímenes sexuales tuvieron lugar en diferentes zonas de los departamentos de Usulután, Cuscatlán, Chalatenango, Santa Ana, San Salvador, La Libertad, Cabañas, Ahuachapán, Sonsonate y La Paz.
En uno de los casos, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque emitió una condena de 14 años de cárcel para el exsacerdote Jesús Orlando Erazo Gálvez por el delito de violación en menor e incapaz. Este delincuente sigue prófugo de la justicia.
Mientras que el pandillero Michael Daniel Rodríguez Pérez deberá purgar una pena carcelaria de 20 años por violar a una niña. Las autoridades informaron que gracias al régimen de excepción lograron interceptar a este delincuente. La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Edwin Omar Morán Hurtado deberá estar preso 21 años por privar de libertad y abusar sexualmente de una menor de edad a quien por varios días mantuvo aislada hasta que logró huir y denunciarlo. Este delincuente ya cumple una condena de 15 años más por intentar asesinar a la misma víctima.
Dos violadores más, identificados como Guadalupe Alberto Ramírez Hernández y Francisco Antonio Amaya Olmedo recibieron condenas de 56 años con ocho meses y 37 años de encarcelamiento, respectivamente.
Según las investigaciones, Hernández se comprometió a cuidar de las víctimas, pues se encontraban en un hogar para niños; pero fue denunciado ante las autoridades luego que se demostrara su culpabilidad, al cometer agresiones sexuales.
En otro hecho, la Fiscalía demostró la culpabilidad William Alexander Morales Quevedo en delitos sexuales contra niñas y adolescentes a quienes contactaba por medio de las redes sociales. Al ganar la confianza de las víctimas lograba pactar un encuentro donde las obligaba a tener relaciones sexuales.
Además, forzaba a las víctimas a grabar en video estos encuentros, en caso de rehusarse las amenazaba con publicar en redes sociales información personal, fotos y videos comprometedores. Por esos señalamientos el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque lo condenó a 22 años de prisión.
