La Asamblea Legislativa aprobó ayer un decreto transitorio que prohíbe las concentraciones públicas y privadas como una medida para frenar «un incremento sostenido de los casos de la COVID-19 en los últimos 15 días», generados por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de la población.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, presentó al parlamento el proyecto de ley que suspende «por el término de 90 días, a partir de la vigencia del presente decreto, toda concentración de personas en actos de carácter público y privado». La norma, tras su publicación en el «Diario Oficial», suspenderá «conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público y festejos patronales».
«Lo que buscamos es limitar esa transmisión de persona a persona, sobre todo en el marco de la posible existencia y circulación internacional de variantes que puedan tener la facilidad de contagio», dijo Alabi.
La legislación contempla multas para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que la infrinjan, las cuales van desde los 20 hasta los 100 salarios mínimos urbanos para el sector de comercio y servicios. Los infractores enfrentarán procesos administrativos sancionatorios y penales, y la Fiscalía está habilitada para iniciar de oficio las acciones por el incumplimiento de la normativa.
El presidente de la república, Nayib Bukele, por su parte, advirtió que todo alcalde que vulnere la ley será sancionado. «Los alcaldes que realicen fiestas patronales, carnavales, mítines o eventos masivos en los próximos tres meses serán sancionados con 100 salarios mínimos y procesados penalmente por el delito de desobediencia de particulares», escribió Bukele en su Twitter.
Las disposiciones que regula la normativa son de orden público y se declaran de interés social, por lo que prevalecen sobre cualquier otra norma. Las diferentes instituciones de Gobierno están obligadas a ejercer la vigilancia y supervisión para su cumplimiento.
El decreto también establece que es de orden obligatorio el uso de mascarilla en aquellas concentraciones no prohibidas. La norma declara de interés nacional el proceso de vacunación contra la COVID-19, y en su consecuencia el fomento para que más población salvadoreña pueda recibir su vacunación completa.
Los datos oficiales hasta ayer revelan que se han vacunado contra la COVID-19 un total de 3,283,993 personas, de las cuales 2,011,356 han recibido su primera dosis y otras 1,272,637 ya completaron su esquema de vacunación. El Gobierno también desarrolla jornadas de tamizaje.
