Once solicitudes de adopciones han sido aprobadas desde 2016 hasta el presente año, según los registros que tiene la comisión de familia de la Asamblea Legislativa.

La Ley Especial de Adopciones (LEA) regula, en materia de jurisprudencia, el proceso que se debe seguir para adoptar a un menor de edad. El Código de Familia también define y otorga herramientas para la adopción de un infante o adolescente en El Salvador.

En la Asamblea Legislativa se estudia una propuesta de reformas a la LEA, que, entre otras cosas, permitirán garantizar el derecho a ser adoptado para los menores de edad y que el proceso sea más expedito.

El anteproyecto con la iniciativa de cambios ingresó en la sesión plenaria ordinaria 23, y el pasado miércoles 6 de octubre, la comisión de familia, niñez y adolescencia, adulto mayor y personas con discapacidad inició su análisis.

En la jornada de trabajo correspondiente al miércoles 13 de octubre también se tuvo la participación del director de la Oficina para Adopciones (OPA), Dionisio Alonso. El titular expuso que las reformas serán importantes para agilizar los procesos.

La presidenta de la comisión, Suecy Callejas, ha explicado en qué consisten las reformas planteadas y cuál será el objetivo primordial para aprobarlas. Según detalló, la propuesta nació por los problemas que rodean a la LEA, aprobada en 2016.

«Cuando se aprobó, se politizó, se dio la potestad a los juzgados especializados de Niñez y Adolescencia para las adopciones», mencionó la legisladora.

Era el Código de Familia el que dictaba el procedimiento a seguir en la adopción, pero con la nueva ley pasó a los juzgados especializados. Uno de los problemas que tiene la LEA es que contiene artículos que se contraponen, dejando finalmente a los jueces la potestad, primando la vía judicial antes que la administrativa.

El procedimiento actual para adoptar comienza cuando el director de la Oficina para Adopciones (OPA) emite el dictamen para aprobar la aptitud de una persona para ser adoptante.

El procurador general de la república es quien decreta para la aprobación de una adopción en fase administrativa. Finalmente, el juez especializado en niñez y adolescencia es quien dicta sentencia para que un menor pueda ser entregado en adopción.

Callejas considera que el origen de la ley era bueno, pero se perdió al ser redactada de forma atropellada en la legislatura 2015-2018.

Uno de los puntos que lamenta es que la ley no fue retroactiva a las solicitudes de adopciones que ya existían, dejando a más de 1,000 adoptantes sin la posibilidad de hacerlo. «Con la reforma que estudiamos, vamos a corregir todo eso.

Los casos que estaban pendientes podrán ser resueltos. Solo 11 adopciones se han autorizado desde 2016», expresó. La presidenta de la comisión reiteró que la adopción es el último recurso que debe agotarse dentro del Sistema Integral de Protección de la Niñez.

Este aspecto también lo menciona la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina), al indicar que el Estado debe procurar que el menor continúe viviendo con su familia de origen, y solo si esta le violenta sus derechos se optará por una familia adoptante.

La diputada de Nuevas Ideas menciona que ese precisamente es el otro punto que las reformas deben tomar en cuenta: la posibilidad de que una familia sustituta pueda convertirse en una familia adoptante.

El sistema de protección permite que si un menor de edad es violentado en su familia de origen pase a ser acogido dentro del sistema y sea asignado a una familia sustituta. El niño puede pasar de una familia sustituta a otra sin que estas estén autorizadas a buscar su adopción final.

 «Hay que tomar en cuenta algo: un niño genera vínculos, y no son necesariamente biológicos, hablamos de sociales o emocionales. No podemos permitir que estén pasando de una familia a otra sin ser adoptados. Una familia puede solicitar pasar de ser sustituta a adoptante», explicó la diputada.

 «Nosotros [la comisión] vamos a ser diferentes. No iremos a la carrera, consultaremos y escucharemos a cada sector para que nos dé sus valoraciones y podamos tener una Ley Especial de Adopciones que garantice un proceso ágil y que vele por los derechos de los niños», explicó la congresista salvadoreña.

 Con el anteproyecto de reformas a la LEA se busca reducir los tiempos designados para ciertas etapas del proceso de una adopción, que actualmente puede llegar a completarse hasta en 300 días hábiles.

La Oficina para Adopciones tendrá alternancia en la presidencia

La Oficina para Adopciones (OPA) es la entidad a cargo de los procesos de adopciones en El Salvador.

Entre las facultades que el organismo tiene está llevar un registro de las familias que están aptas para adoptar y de los menores que están listos para ir a un hogar permanente.

La Ley Especial de Adopciones (LEA) define que la oficina sesionará cada 60 días para discutir las solicitudes y los procesos que se tengan. En la Asamblea Legislativa ya se discute un pliego de reformas a la referida ley, y una de ellas incluye precisamente que la OPA sesione cada 15 días. Además, le otorga la presidencia de forma alterna a la Procuraduría General de la República por un año, y por otro año al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

La diputada Suecy Callejas, quien es presidenta de la comisión de familia, ha explicado que con las reformas impulsadas se agilizará el proceso de adopciones en El Salvador.

Según registros, desde 2016, cuando que se aprobó la Ley Especial de Adopciones, solo han sido aprobadas 11 solicitudes en total. Los tiempos para completar el proceso implican hasta 300 días hábiles; es decir, más de un año calendario, lo que ha hecho que más de 1,000 familias aún no tengan respuesta a su petición de adoptar a un menor.