Los analistas René Martínez, Francisco Góchez y Nelson Flores cuestionaron el rol que juegan las organizaciones no gubernamentales (ONG) que dicen defender derechos humanos para proteger y encubrir a los investigados por casos de corrupción, y tratar de hacerlos ver ante la población como perseguidos políticos.

«Hay una línea de ataque hacia el presidente Nayib Bukele, para tratar de dañar su imagen. Se ha cuestionado la labor del presidente y hasta lo han acusado de negociar con las pandillas», señaló Martínez, sociólogo de profesión, ayer en la Entrevista A:M de Canal 10, al recordar los ataques de la oposición política en contra del Ejecutivo.

Para Góchez, docente y escritor, la agenda política de algunas ONG y activistas los lleva a usar el concepto de persecución política a pesar de que hay pruebas que demuestran el cometimiento de delitos por parte de exfuncionarios.

«Alegan y asumen como verdad absoluta, casi dogmática, que estos procesos se deben a las expresiones o afiliaciones políticas de los acusados, pero sin considerar las evidencias que presente la Fiscalía», declaró Góchez.

Al respecto, Flores explicó que este tipo de organizaciones se enquistaron en el sistema político de corrupción histórica que los protegió -con los gobiernos de ARENA y el FMLN- y nunca pensaron que serían investigados y procesados penalmente.

«No les queda otra opción que manejar la narrativa de que son perseguidos políticos, para ganar apoyo internacional con otros organismos afines a las ideologías que promueven. Su estrategia es controlar las palabras para manipular a la gente, pretenden hacer de la política un campo de batalla», señaló Flores, especialista en administración pública.

Los tres analistas coincidieron en que algunas ONG, además de defender a los procesados por corrupción, se niegan a reconocer el éxito de las acciones de seguridad impulsadas por el presidente Bukele para combatir a las pandillas y el crimen organizado.

«Les preocupa lo que ha logrado el presidente Nayib Bukele en la seguridad de El Salvador, y muchos entraron en pánico cuando su ejemplo comenzó a hacer eco en otros países», planteó Martínez.

La implementación del Plan Control Territorial (PCT), reforzado con el estado de excepción, ha reducido drásticamente los homicidios y las extorsiones, según evidencias los registros oficiales, pasando el país de ser el más violento del mundo al más seguro en el hemisferio.

Por su efectividad, funcionarios de varios países han venido a El Salvador a conocer el modelo de seguridad; sin embargo, para Góchez, hay un intento de diversos sectores -como ONG y medios de comunicación- en no aceptar la transformación en este tema.

«Se niegan a reconocer los logros evidentes en seguridad alcanzados en nuestro país respaldados con datos», remarcó el académico.

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