La Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 59 votos, transferir 101 inmuebles del Fondo Social para la Vivienda (FSV) al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), para que sean destinados a programas de solución habitacional para familias en situación de vulnerabilidad.
El decreto establece que dichos inmuebles o viviendas se encuentran en el municipio de San Salvador Este, en los distritos de Soyapango e Ilopango, en las comunidades La Campanera, Las Cañas y San Ramón, Las Margaritas, Montes de San Bartolo y en Vista al Lago, los cuales tienen un valor de mercado que oscila entre $2,800 y $25,000 cada uno.
El objetivo es «reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda y hábitat, mediante la entrega de soluciones habitacionales para familias con necesidad de vivienda», según se detalla en el documento.
Para lograrlo, el cuerpo legal determina incorporar las viviendas a programas ejecutados por Fonavipo en coordinación con el Ministerio de Vivienda, para brindar soluciones habitacionales a familias con dificultades económicas o la creación de instituciones de utilidad pública.
Además, se faculta a Fonavipo para transferir o entregar las propiedades mediante compraventa, donación, comodato, arrendamiento simple o con promesa de venta y derecho de habitación gratuito, priorizando a las familias que actualmente las habitan.
Los fondos que se obtengan de esas operaciones podrían destinarse para realizar reparaciones, mejoras de infraestructura, pago de tasas municipales, servicios básicos y mantenimiento de las viviendas.
También se declaran de interés social los proyectos habitacionales derivados del decreto aprobado y se exonera del pago de derechos registrales, catastrales e impuestos sobre transferencia de bienes raíces las diligencias necesarias para inscribir los inmuebles a favor de Fonavipo.
Los beneficiarios de esta normativa tienen prohibido transferir, dar en arrendamiento, comodato o cualquier otra figura legal de uso diferente del inmueble a la establecida en el decreto, por un plazo de 20 años.
De incumplir esas disposiciones los beneficiarios se arriesgan a que Fonavipo realice las diligencias correspondientes para recuperar los inmuebles y reasignarlos a otras familias.
