Los periódicos tradicionales han tratado de deslegitimar el régimen de excepción, una medida constitucional, con la publicación de información que desmerita el trabajo de las fuerzas policiales y militares en la guerra contra los pandilleros, o con información tergiversada para confundir o engañar en su afán por atacar al Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Con su retórica en portadas y temas principales relacionados con el estado de excepción, «La Prensa Gráfica» y «El Diario de Hoy» se ponen en sintonía con el discurso de los sectores de oposición política, tanto nacionales como internacionales, incluyendo el partido FMLN al que atacaron durante décadas. Ahora son aliados ideológicos.
Estos periódicos adversan las capturas de pandilleros y de sus colaboradores, pero en el pasado reciente destacaron las barbaries que estos grupos cometieron contra la población salvadoreña. Las atrocidades de los grupos criminales también los llevó a fijar postura en sus páginas editoriales. Ahora el centro de sus discursos pone como víctimas a los responsables de los peores crímenes que conmocionaron al país.
En Twitter, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, escribió: «Existen medios que dicen informar, pero lo que realmente hacen es proteger intereses de las estructuras criminales. Sí, me refiero a @elsalvadorcom y @ prensagrafica». También agregó: «¡Hipócritas! Están del lado de los terroristas y sus aliados de la oposición para tergiversar información». El funcionario añadió en su hilo fotografías de hechos sangrientos que las pandillas cometieron.
No tardaron los aliados en defender a ambos periódicos al asegurar que Villatoro había «arremetido» en contra de ellos, que los había amenazado o atacado.
Amnistía Internacional Américas, que mantiene una postura igual a la de la oposición política salvadoreña sobre el estado de excepción, publicó: «Detenciones arbitrarias, malos tratos a presos, muertes bajo custodia y ataques a periodistas. Estas son las consecuencias de la #GuerraContraPandillas en El Salvador». Luego lanzó una advertencia al Gobierno: «Hoy emitimos acción urgente para mostrar al presidente @nayibbukele que el mundo está mirando».
También el partido ARENA criticó la aplicación de la medida constitucional, pero su excandidato presidencial Norman Quijano en 2014 sostuvo que haría uso del régimen de excepción para combatir la delincuencia, si ganaba el Ejecutivo; aunque paralelamente negoció beneficios con las pandillas a cambio de votos.
El FMLN, por su lado, durante el Gobierno del ahora prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua para evitar su extradición, negoció una tregua con las pandillas, a las que también les otorgó beneficios en las prisiones.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, tras conocer la postura de Amnistía Internacional le recordó su responsabilidad en los sucesos ocurridos en el país.
«Junto a actores políticos internos estos organismos son también responsables del país que heredamos. La desconexión con la realidad que tienen algunas organizaciones es ridícula. Su palabrería, manualitos de cajón y su visión elitista influyó siempre en la realidad salvadoreña», escribió en Twitter.
La voz enérgica y de condena de Amnistía Internacional, así como de otras entidades que dicen defender derechos humanos, no se escuchó cuando en El Salvador las pandillas cometían con lujo de barbarie crímenes que causaron luto y dolor a miles de familias.
En junio de 2010, un microbús fue incendiado por pandilleros en Mejicanos, San Salvador, murieron 17 pasajeros. Una niña de 18 meses fue una de las víctimas. En mayo de 2014, seis personas fueron asesinadas por terroristas en el interior de un autobús de la ruta 302 en el kilómetro 38 de la autopista a Comalapa.
En marzo de 2016, pandilleros masacraron a 11 trabajadores de una compañía eléctrica en San Juan Opico, La Libertad. Los terroristas hicieron un video cuando decapitaban a algunas de las víctimas.
Otras cinco personas fueron asesinadas en enero de 2019 por mareros en la carretera que desde Sonsonate conduce hacia Chalchuapa, Santa Ana. Mientras que en octubre de 2020 seis personas fueron acribilladas al oriente de la capital.
Ahora que el Ejecutivo enfrenta a las pandillas, la oposición política y sus aliados, incluyendo medios escritos y digitales, se ponen del lado de los criminales y no de las víctimas con el argumento de que defienden el Estado de derecho o la libertad de expresión.
